El organismo fiscalizador reiteró el requerimiento de información a la Subsecretaría de Justicia y advirtió que podrá aplicar medidas al funcionario responsable por no responder. “No puede ser que para obtener respuestas haya que llegar hasta Contraloría”, acusa FENADAJ.
Un duro emplazamiento recibió la Subsecretaría de Justicia por parte de la Contraloría General de la República, luego de que el organismo fiscalizador constatara que la autoridad no cumplió con entregar el informe solicitado respecto de una presentación realizada por la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), relacionada con la decisión de nombrar a una Coordinadora para ejecutar la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, pese a que la normativa contempla la figura de un Director o Directora Implementador/a. Este cargo había sido asignado en el gobierno anterior a la abogada Macarena Cortés, quien posteriormente fue desafectada de sus funciones por la actual administración del Presidente José Antonio Kast
El nuevo oficio, fechado el 25 de agosto, es categórico: Contraloría reitera por segunda vez el requerimiento y otorga a la Subsecretaría un plazo de tres días hábiles administrativos para evacuar el informe. Pero no solo eso. El organismo fiscalizador advierte que el incumplimiento puede derivar en la aplicación de medidas al funcionario responsable.
La advertencia se produce después de que Contraloría ya hubiera solicitado originalmente la información mediante un oficio emitido el 13 de julio, estableciendo entonces un plazo de 10 días hábiles administrativos. Posteriormente, el requerimiento fue reiterado y prorrogado, sin que la autoridad cumpliera con entregar el informe dentro del período señalado.
Desde FENADAJ cuestionaron duramente la demora de la autoridad y señalaron que el episodio revela una problemática que va mucho más allá de un trámite administrativo.
“Si incluso la Contraloría debe reiterar los requerimientos y advertir medidas para que una autoridad entregue la información solicitada, estamos frente a una señal preocupante sobre cómo se están abordando los problemas de los servicios de acceso a la justicia”, señaló la presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante.
La dirigenta agregó que quienes recurren a los servicios públicos de acceso a la justicia no pueden quedar atrapados en una cadena de demoras, falta de respuestas y burocracia, especialmente cuando están en juego derechos y necesidades concretas de la ciudadanía.
“La justicia no puede esperar y las respuestas de la autoridad tampoco. Cuando faltan funcionarios, cuando existen problemas de capacidad de respuesta y cuando las organizaciones plantean formalmente estas situaciones, lo mínimo que corresponde es que las autoridades respondan oportunamente”, sostuvo.
El oficio de agosto deja constancia expresa de que, pese al requerimiento anterior, “hasta la fecha no se ha dado cumplimiento” a la solicitud de informe. Por ello, Contraloría resolvió reiterarla y fijó un nuevo plazo de tres días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las medidas previstas en el artículo 9° de la Ley N°10.336.
Para FENADAJ, el documento constituye un antecedente relevante y demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta y fiscalización en materias relacionadas con el acceso a la justicia. En este contexto, la Federación también puso el foco en la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, cuya puesta en marcha corresponde a una obligación legal.
“El Presidente de la República juró al asumir su mandato el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Siendo la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia una norma promulgada, exigimos su ejecución y puesta en marcha. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo el cumplimiento de la ley”, enfatizó Escalante.
“Vamos a seguir recurriendo a todas las instancias institucionales disponibles. No vamos a aceptar que los problemas que afectan directamente la atención de las personas queden archivados en un escritorio”, afirmó Escalante.
La Federación hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Justicia y de la Subsecretaría de Justicia a asumir con responsabilidad las dificultades que enfrentan los servicios de acceso a la justicia y entregar respuestas concretas, particularmente frente a los planteamientos que han sido formalmente puestos en conocimiento de los organismos competentes.
El plazo está corriendo. La Contraloría ya exigió una respuesta. Ahora corresponde al Ministerio de Justicia responder.
