Las diputadas Macarena Santelices y Catalina Del Real (PRep), integrantes de la Comisión de Salud, oficiaron al Instituto de Salud Pública ante la comercialización de medicamentos para perder peso a través de redes sociales, plataformas digitales y establecimientos no autorizados. La preocupación apunta especialmente a productos ofrecidos como “Retatrutide 10 Mg.” y “Retatrutide 20 Mg.”, que no contarían con autorización sanitaria en Chile.
Las diputadas Macarena Santelices y Catalina Del Real, ambas del Partido Republicano e integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara, solicitaron al Instituto de Salud Pública reforzar la fiscalización frente a la venta ilegal de medicamentos y productos inyectables destinados a la pérdida de peso. Las parlamentarias pidieron antecedentes sobre denuncias, fiscalizaciones, decomisos y sanciones registradas entre 2024 y 2026, además de información específica sobre el eventual ingreso y comercialización en Chile de productos denominados “Retatrutide 10 Mg.” y “Retatrutide 20 Mg.”.
Santelices puso el foco en la facilidad con que estos productos pueden llegar directamente a los consumidores sin controles sanitarios. “No podemos permitir que por redes sociales o internet se vendan libremente productos inyectables para bajar de peso sin saber qué contienen, cuál es su procedencia o si fueron almacenados correctamente. Cuando está en juego la salud de las personas, el Estado tiene que fiscalizar con firmeza, retirar estos productos y perseguir a quienes lucran poniendo en riesgo a otros”, sostuvo.
Por su parte, Del Real advirtió que la expansión de este mercado a través de plataformas digitales obliga a fortalecer las herramientas de fiscalización. “La búsqueda por bajar de peso no puede convertirse en una puerta de entrada para un mercado clandestino de medicamentos. Queremos saber quiénes están importando y comercializando estos productos, cuántos se han detectado y si el ISP tiene las facultades suficientes para bajar rápidamente las publicaciones y sancionar a quienes venden sustancias sin autorización sanitaria”, afirmó.
Las legisladoras solicitaron además conocer la coordinación existente entre el ISP, Aduanas, las policías y el Ministerio Público para impedir el ingreso y distribución de medicamentos falsificados, adulterados o sin registro. También pidieron evaluar un plan especial de fiscalización para productos destinados a la pérdida de peso y determinar si existen vacíos normativos que requieran nuevas atribuciones legales para enfrentar su comercialización a través de canales digitales.
