El parlamentario ingresó un requerimiento ante Contraloría argumentando que la propuesta del Ministerio de Transportes busca validar, por vía administrativa, que cruceros extranjeros operen en zonas de la Patagonia que el Congreso prohibió expresamente al aprobar la Ley de Cabotaje.
El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), cuestionó duramente la propuesta de reglamento que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) publicó en su etapa de consulta ciudadana. El documento busca adecuar las normas de la Ley de Fomento a la Marina Mercante a los cambios introducidos por la Ley N.º 21.774. Sin embargo, el legislador advirtió que el texto tuerce el espíritu de la legislación.
“Todavía estamos a tiempo de corregirlo: un reglamento no puede autorizar por la vía administrativa aquello que el Congreso expresamente excluyó de la ley”, enfatizó Riquelme, aclarando que la norma aún no está vigente y que espera que nunca lo esté en estos términos.
La frontera de la Patagonia
El conflicto radica en que la Ley N.º 21.774 permitió excepcionalmente el cabotaje de naves extranjeras de menos de 400 pasajeros, pero fijó un límite estricto: la apertura rige solo entre Arica y Los Ríos. El Congreso dejó fuera de este permiso a Los Lagos, Aysén y Magallanes para proteger la actividad local.
Riquelme afirmó que el reglamento del MTT busca validar operaciones de desembarco (landing) en estas zonas protegidas del sur. “Pareciera que el Ministerio pretende blanquear administrativamente operaciones turísticas que empresas internacionales ya están comercializando ilegalmente en páginas web hacia los canales patagónicos”, alertó.
Desventaja para los chilenosEl parlamentario advirtió que el cambio generará un incentivo para abandonar la bandera chilena. Las navieras nacionales deben asumir costos laborales, tributarios y tripulación local. En cambio, las firmas extranjeras operan bajo sus propias estructuras y con tripulaciones internacionales más baratas en los mismos fiordos.
“Con este reglamento destruiremos a las empresas navieras locales. Si para competir un chileno debe cambiarse a una bandera extranjera, lo va a hacer, y perderemos puestos de trabajo”, fustigó.
Finalmente, Riquelme anunció que si el Gobierno aprueba el documento sin cambios, recurrirá junto a otros congresistas a todas las instancias judiciales necesarias para frenar su aplicación y exigirá fiscalizaciones estrictas de Aduanas, el SII y Directemar.
