De los 398.819 adultos mayores con propiedades afectas al impuesto territorial, un 52% no accede actualmente a una rebaja total o parcial. Expertos advierten que el valor alcanzado por una vivienda con el paso de los años no necesariamente refleja la situación económica de quien vive en ella.
Ser propietario de una vivienda que aumentó considerablemente su valor con los años no significa necesariamente tener mayores ingresos. Esa diferencia entre patrimonio y capacidad real de pago está comenzando a tomar fuerza en la discusión sobre las contribuciones que enfrentan las personas mayores.
Durante 2025, 398.819 adultos mayores registraban propiedades afectas al impuesto territorial. De ellos, 189.644, equivalentes al 48%, contaban con algún beneficio de rebaja total o parcial. El 52% restante, correspondiente a 209.175 personas, se encontraba fuera de esta ayuda tributaria.
El dato abre una pregunta relevante: ¿cuántos quedan excluidos porque sus ingresos superan los límites establecidos y cuántos porque el avalúo fiscal de sus viviendas aumentó pese a que sus ingresos se mantuvieron iguales o incluso disminuyeron?
Desde AGS Visión Inmobiliaria explican que actualmente no existe un desglose que permita determinar cuánto pesa cada uno de esos factores, pero advierten que la discusión no puede limitarse únicamente al valor que alcanzó una propiedad.
“Una vivienda puede aumentar considerablemente su valor producto de la plusvalía del sector, pero eso no significa que su propietario tenga más liquidez para pagar las contribuciones. En personas mayores, especialmente después de la jubilación, puede existir una brecha importante entre el patrimonio que aparece en el papel y los ingresos disponibles todos los meses”, explica Jocelyn Reyes Lagos, abogada y jefa del área legal de AGS Visión Inmobiliaria.
La situación puede adquirir mayor relevancia en comunas como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Colina, Viña del Mar, La Reina, Peñalolén y La Serena, identificadas entre las zonas que registran las mayores contribuciones semestrales para uso habitacional.
Según el análisis de AGS, se trata de sectores donde la consolidación de los barrios, el acceso a servicios y el desarrollo urbano han impulsado la plusvalía y, con ella, el valor comercial y fiscal de las propiedades.
Para Reyes, el desafío está en que cualquier mecanismo de beneficio consiga representar mejor la presión que el impuesto genera sobre los ingresos de cada hogar.
La especialista ejemplifica que dos jubilados pueden recibir exactamente $1 millón mensual y enfrentar situaciones completamente diferentes: uno podría tener que destinar $900 mil al pago de una cuota de contribuciones, mientras otro podría pagar $90 mil. Evaluarlos únicamente según sus ingresos, advierte, no refleja el impacto real que el impuesto tiene sobre sus finanzas.
“Restringir el acceso a una rebaja considerando de manera aislada el ingreso del adulto mayor no necesariamente es equitativo. Lo relevante es observar también cuánto representan las contribuciones dentro de su capacidad real de pago”, sostiene Reyes.
El debate, entonces, no pasa únicamente por determinar cuánto vale una vivienda o cuánto recibe mensualmente su propietario, sino por cuánto de esos ingresos debe destinar una persona mayor a mantener una propiedad que, en muchos casos, compró décadas antes de que su sector alcanzara los actuales niveles de valorización.
