Las dictaduras militares aplican el terrorismo de estado como una política pública contra la población, cometiendo crímenes como desapariciones forzadas, ejecuciones políticas y tortura en que los derechos de las personas son vulnerados a diario. Una experiencia como esa, hace valorar la democracia. Por supuesto, es un proceso en permanente construcción para el logro del bien común que permita el real respeto a la dignidad y derechos de las personas. Es cierto que la democracia es imperfecta como lo somos las personas y los estados y tal vez esta sea su principal característica por lo mismo, siempre se puede crecer y mejorar en democracia. Lamentablemente, se puede ir también en sentido contrario.
La vuelta a la democracia en Chile en marzo de 1990 inició un proceso de reconocimiento de los derechos vulnerados y de los crímenes cometidos y esto dio origen a un conjunto de recomendaciones en el Informe entregado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en febrero de 1991 también conocido como Informe Rettig. Dicho Informe recomendó la creación de una institución de derecho público cuya máxima autoridad fuera un Consejo integrado por personas de alto prestigio, cultores de diversas tradiciones, que adhieran a distintas posturas políticas y que cuente con un espíritu que reconozca las normas básicas de la democracia y del Estado de Derecho y acepte como principio fundamental el respeto a la persona humana sólo por el hecho de serlo. Como resultado de esto, en diciembre de 2009 se publica la Ley 20.405 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que comienza sus funciones en 2010.
En estos 16 años de existencia, se ha consolidado como un referente no sólo nacional sino internacional en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, su labor no ha estado exenta de críticas ni opiniones diversas como es propio de un régimen democrático. Sin duda, su instalación a nivel nacional ha sido uno de los grandes avances democráticos como también la amplitud de temas que incorpora como parte de su quehacer. Es relevante señalar que la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) renovó su calificación “A” lo que significa que cumple plenamente con los Principios de París que son una serie de estándares internacionales que enmarcan y guían el trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de los distintos países.
Su labor es dar cuenta del cumplimiento del Estado en cuanto a la aplicación de los estándares internacionales en derechos humanos y para ello cuenta con autonomía, pues esta función sería imposible de realizar de otro modo. Sin duda, es un trabajo desafiante. Pero esta exigencia no ha sido la más compleja de enfrentar. Su labor ha incomodado históricamente a algunos sectores políticos que han cuestionado permanentemente no sólo su legitimidad sino también su continuidad. Este es uno de esos momentos en que se han levantado discursos respecto a su funcionamiento y continuidad.
El INDH ha tenido que cargar con los prejuicios, los supuestos y los estereotipos que se le han intentado instalar desde su creación y, por cierto, con el recelo y suspicacia asociados a estos. Aun así, sus aportes en la defensa de los derechos de las personas pertenecientes a grupos de especial protección como también de quienes no pertenecen a estos, ha sido fundamental para avanzar en democracia. Sin duda, toda institución puede mejorar su gestión y eso es positivo tanto para el Estado como para la sociedad civil.
Es muy duro y difícil imaginar una regresión como la que implicaría el desmantelamiento o discontinuidad del INDH para las personas, para nuestro país y para nuestra democracia. La indefensión de muchas y muchos podría volver a instalarse como legítima. Sin duda, sería un enorme retroceso en democracia, pero aún más, sería dejar a muchas personas en el abandono, la indiferencia y la invisibilización. Esto ha ocurrido en el pasado de nuestro país, pero en el presente no es de ninguna manera aceptable. La instalación de una institucionalidad en derechos humanos ha sido un gran trabajo que hemos logrado en conjunto como país y no podemos aceptar que se amenace o se ponga en riesgo algo que nos ha costado tanto trabajo construir. Esto no es una cuestión de derecha, de centro o de izquierda, es un tema de nuestro país y su compromiso con los principios democráticos que nos han acompañado desde los años noventa.
