El presidente de la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales valoró el respaldo transversal a la iniciativa del Gobierno y aseguró que la medida permitirá que las familias afectadas por incendios, inundaciones u otras catástrofes puedan acceder con mayor rapidez a beneficios de reconstrucción.
Como una señal concreta de apoyo a las familias que han sido golpeadas por catástrofes calificó el diputado RN y presidente de la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales, Juan Carlos Beltrán, la aprobación transversal en la Cámara de Diputados del proyecto impulsado por el Gobierno que establece un procedimiento especial para regularizar la posesión de pequeñas propiedades raíces en zonas afectadas por emergencias.
La iniciativa, que ahora pasa al Senado, modifica el Decreto Ley N° 2.695 y crea un mecanismo extraordinario, gratuito y más rápido para regularizar la pequeña propiedad raíz de personas damnificadas, precisamente para que puedan acceder oportunamente a subsidios y ayudas de reconstrucción. La tramitación ordinaria puede demorar alrededor de 18 meses.
Cabe destacar que actualmente, uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias afectadas por una catástrofe es que la falta de regularización de sus propiedades puede impedirles acceder oportunamente a distintos beneficios estatales destinados a la reconstrucción. El proyecto busca precisamente eliminar esa barrera y entregar una respuesta más rápida del Estado.
El diputado Beltrán destacó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Vivienda, reflejando un amplio consenso respecto de la necesidad de entregar herramientas más eficientes a quienes pierden sus viviendas o resultan afectados por una emergencia.
“Como presidente de la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales, quiero, en primer lugar, manifestar mi alegría porque se haya aprobado transversalmente y por unanimidad, sin ninguna abstención, el proyecto que nuestra ministra de Bienes Nacionales ha presentado para favorecer a las familias que lo han pasado tan mal por las situaciones de catástrofe. Creo que esto demuestra cuando los parlamentarios se unen en beneficio de la gente, dejando de lado todos los poderes políticos. Eso, creo, es una tremenda señal para el país”.
El parlamentario RN sostuvo que el desafío ahora es que el Estado sea capaz de responder con rapidez, dignidad y eficiencia frente a las familias que han perdido su patrimonio producto de una catástrofe.
“Una familia que lo perdió todo no puede enfrentar una segunda tragedia: tener que esperar meses o incluso años para que el Estado le permita regularizar su propiedad y acceder a la ayuda que necesita. “La ayuda del Estado tiene que llegar cuando la familia la necesita, no cuando la burocracia lo permita. El Estado debe entregar respuestas dignas y oportunas.”
Beltrán agregó que contar con un título de dominio regularizado no es solamente una cuestión administrativa, sino una herramienta fundamental para que las familias puedan reconstruir sus vidas y acceder a los apoyos que entrega el Estado. “Cuando una familia pierde su casa por un incendio, una inundación o un terremoto, lo último que necesita es que el Estado le diga que vuelva en 18 meses. Necesitamos un Estado que acompañe, que facilite y que resuelva. Este proyecto apunta justamente en esa dirección.”
El proyecto establece que el nuevo procedimiento especial podrá aplicarse en zonas donde se haya declarado estado de excepción constitucional de catástrofe y contempla un plazo de aplicación de hasta seis meses después de finalizado dicho estado. También establece la gratuidad del procedimiento para los solicitantes
El presidente de la Comisión de Vivienda enfatizó que la reconstrucción debe considerar también la certeza jurídica y patrimonial de las familias.“Reconstruir no es solamente levantar cuatro paredes. También significa devolverle a una familia la seguridad de que ese terreno y esa vivienda son suyos, que podrán acceder a los beneficios del Estado y que podrán proyectar nuevamente su futuro.”
Finalmente, Beltrán valoró que el Congreso haya sido capaz de alcanzar un acuerdo transversal en torno a una medida que, a su juicio, pone a las familias en el centro.“Cuando se trata de resolver los problemas concretos de las personas, las diferencias políticas tienen que quedar en segundo plano. Hoy dimos una buena señal: frente a una emergencia, el Estado tiene que ser parte de la solución y no convertirse en una nueva dificultad para quienes ya lo han perdido todo,” concluyó.
