En una audiencia que se extendió por casi tres horas, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revisó el fondo de los ocho recursos de protección presentados en el contexto de la reconstrucción de El Olivar, donde familias afectadas, la entidad patrocinante Social Arquitectura y la empresa constructora San Sebastián presentaron sendos recursos para revertir la orden de paralización y demolición dictada por el ministro de Vivienda Iván Poduje en marzo pasado.
La audiencia contó con la participación de más de una veintena de vecinos de El Olivar, damnificados por el mega incendio de 2024, quienes recurrieron a la Corte de Apelaciones por la vulneración de su derecho a la propiedad y su derecho a la vida e integridad síquica y física, al verse afectados por la paralización de obras de sus nuevas viviendas en el sector de El Olivar.
La Corte escuchó los argumentos de las partes y dejó en estudio el fallo, tras lo cual deberá pronunciarse respecto al fondo del asunto. Érika Maira, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, señaló que “durante la audiencia entregamos una cantidad importante de antecedentes que permitirán a la Corte evaluar la postura que hemos presentado y es que el ministro Iván Poduje no tenía competencias para dictar la paralización de las obras. Él se arrogó las facultades de inspector técnico de obras y de administrador de contratos, lo que está fuera del artículo 7° de la Constitución, infringiendo nuestro derecho al debido proceso, como se demostró en los antecedentes entregados hoy a la Corte respecto del Ordinario N° 245 de marzo pasado, a través del cual se paralizaron las obras, para lo cual el ministro no tenía competencias, como quedó demostrado”.
“Lo importante es que hoy logramos exponer nuestros argumentos y una cantidad importante de antecedentes para que la Corte los pueda valorar y, esperamos, acoger y de esta forma dilucidar esta situación”, agregó Maira.
Durante la audiencia también alegó el abogado Juan Andrés Pavez, en representación de las familias, quienes aducen una vulneración a su integridad y a los derechos de propiedad emanados de los contratos que legítimamente suscribieron con la entidad patrocinante y la empresa constructora para la construcción de sus nuevas viviendas en El Olivar, algunas de las cuales ya tienen un avance superior al 95%.
