Como valiosa y necesaria fue calificada, por parte de los seremis de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, y de la Mujer y la Equidad de Género, Pamela Reyes, la iniciativa ingresada al Congreso que busca reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia mediante el fortalecimiento de las medidas cautelares, asegurando su continuidad durante la tramitación judicial, incorporando nuevas herramientas frente a la violencia digital y estableciendo mayores consecuencias y mecanismos de fiscalización ante su incumplimiento.
El proyecto denominado “Cautelares Reforzadas”, impulsado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, modifica distintas normas vinculadas a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, los Tribunales de Familia, el monitoreo telemático, la seguridad pública municipal y el Código Procesal Penal.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, señaló que “este proyecto de ley busca mejorar el sistema de medidas cautelares con el objeto de dar una mejor protección a las víctimas de estos ilícitos. Pero, también, es destacable mencionar que actualiza la legislación incluyendo sanciones por hostigamiento digital, poniéndose a tono con la evolución tecnológica y el mal uso que se ejerce de ella por parte de los agresores que, no pudiendo acercarse físicamente a la víctima o a sus hijos, utiliza este tipo de medios para generar daño o desasosiego amenazando, acosando o acechando a través de las redes sociales, por ejemplo”.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Valparaíso, Pamela Reyes, por su parte destacó que «con las Cautelares Reforzadas buscamos fortalecer la protección de las mujeres víctimas de violencia, asegurando un resguardo continuo y efectivo. Porque cuando una mujer pide protección, el Estado debe responder oportunamente y con todas las herramientas necesarias, también, frente a nuevas formas de violencia como el hostigamiento digital.»
Presentación del proyecto
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, señaló que “presentamos un proyecto de ley que permitirá asegurar que ninguna víctima quede desprotegida durante la tramitación ante un tribunal de familia o ante la justicia penal. Se trata de un conjunto de modificaciones que fortalecen la legislación existente para reforzar la protección de todas las mujeres”.
Asimismo, el secretario de Estado destacó que la iniciativa incorpora herramientas para enfrentar la violencia ejercida mediante plataformas y medios digitales. “El proyecto de ley también se hace cargo de una realidad que lamentablemente está cada vez más presente, que es la agresión digital. Debemos ponerle coto, incorporando una nueva medida cautelar para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones, que tienen consecuencias psicológicas y que, en algunos casos, pueden derivar también en violencia física”, agregó.
Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, destacó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es “fortalecer las consecuencias para aquellos que incumplen las medidas cautelares”. Asimismo, señaló que “tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y ese es también uno de los focos en los cuales estamos trabajando como Ministerio: no solamente prevenir la violencia contra las mujeres, sino también atenderla, con miras a erradicar la violencia que sufren muchas mujeres en nuestro país”.
Cinco claves del proyecto de ley
- Las medidas cautelares se mantendrán vigentes cuando una causa pase desde un tribunal de familia a la justicia penal, evitando que las víctimas queden desprotegidas mientras se resuelven cuestiones de competencia entre tribunales.
- Se incorporará una nueva medida cautelar frente a la violencia digital, para abordar situaciones de agresión y hostigamiento ejercidas a través de medios digitales.
- Se fortalecerán las consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares y vulneren las prohibiciones o medidas de protección decretadas por los tribunales.
- Los inspectores de seguridad municipal podrán apoyar la fiscalización del cumplimiento de determinadas medidas cautelares, reforzando las capacidades de control y supervisión.
- Se establecerán consecuencias frente a la destrucción o daño de dispositivos de monitoreo utilizados para supervisar el cumplimiento de medidas de protección en causas de violencia intrafamiliar.
