El encuentro puso el foco en que los retrasos en el Instituto de Salud Pública (ISP) son anteriores al ciberataque de 2025 y pueden afectar la disponibilidad de tratamientos, la entrada de mayor competencia y el gasto en medicamentos.
«En Chile no nos podemos permitir que un medicamento seguro se demore casi tres veces más de lo que la ley establece para llegar a los pacientes que lo necesitan». Con estas palabras, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, abrió la discusión sobre los desafíos de la regulación sanitaria y su impacto en el acceso a medicamentos, durante el seminario «A un año del hackeo al ISP: cómo fortalecer la gestión sanitaria para ampliar el acceso», organizado por la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos A.G. (ASILFA), el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián (IPSUSS) y la carrera de Química y Farmacia de la misma casa de estudios.
El subsecretario de economía Koehler destacó la experiencia que la Subsecretaría desarrolla junto al Ministerio de Salud para reducir el rezago en las autorizaciones sanitarias regionales que, entre junio y septiembre, logró disminuir en un 18% el stock de trámites atrasados mediante herramientas como fortalecer las capacidades estructurales, la priorización basada en el riesgo, la estandarización de criterios, la transformación digital, una gobernanza más robusta y la modernización del marco regulatorio identificando los permisos que pueden resolverse mediante trámites de alta disponibilidad, sin comprometer el respaldo sanitario.
Durante el encuentro, la economista Daniela Sugg presentó los principales resultados del estudio «Regulación sanitaria y entrada al mercado de medicamentos en Chile», que concluye que las dificultades que enfrenta actualmente el sistema son anteriores al ciberataque sufrido por el ISP en 2025 y responden a factores estructurales de capacidad, gestión y diseño.
«El atraso regulatorio no fue un hito específico producto del hackeo; veníamos con un problema de arrastre», explicó Sugg. Frente a este escenario, planteó la necesidad de avanzar en tres niveles: recuperar capacidad en el corto plazo; modernizar el modelo de autorización sanitaria mediante mecanismos de priorización y revisión basada en riesgo; y robustecer institucionalmente al ISP, incluyendo sus sistemas de información, capacidades internas y niveles de transparencia.
Modernización institucional
Posteriormente, tuvo lugar el panel de conversación en el que se abordó el acceso a los medicamentos como parte de una agenda sanitaria que, en los últimos años, ha estado fuertemente marcada por las listas de espera.
Desde el ISP, su directora, Catterina Ferreccio, expuso las brechas tecnológicas y de capacidades que enfrenta la institución, así como los avances desarrollados tras el ciberataque, entre ellos la modernización de sus sistemas de información. Asimismo, destacó que «nosotros estamos liderando el tema de reliance, que en el gobierno anterior nos comprometimos a hacer. Y eso quiere decir que nosotros reconocemos lo que hacen otras instituciones».
Por su parte, el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, planteó la necesidad de avanzar en el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) y sostuvo que esta discusión debería reflejarse en el próximo Presupuesto de la Nación. «En tres semanas más, cuando llegue el Presupuesto de la Nación al Congreso, debiera aparecer el ítem y la glosa ANAMED separada», señaló, argumentando que el aumento de atribuciones que ha experimentado la agencia durante los últimos años no ha estado acompañado de mayores recursos ni de capacidades. A su vez, agregó que avanzar en los proyectos de receta electrónica y combatir la venta ilegal de medicamentos, incluida su comercialización por internet, resulta fundamental, y señaló que el proyecto misceláneo de Fonasa se desagregaría en iniciativas separadas: dispositivos médicos, accesibilidad, ISP y CENABAST.
La diputada Macarena Santelices, integrante de la Comisión de Salud, coincidió en la necesidad de abordar los retrasos regulatorios con mayor urgencia y de situarlos entre las prioridades sanitarias del país. «Detrás de cada atraso hay una familia que está esperando; hay una persona que requiere de ese medicamento para vivir», afirmó. La parlamentaria señaló que durante 2026 el tiempo promedio de cierre de los registros sanitarios disminuyó de 695 a 543 días calendario, pero advirtió que un 42,6% de los 924 trámites pendientes corresponde a solicitudes anteriores a este año.
Jorge Acosta, director ejecutivo de IPSUSS, manifestó que «el diagnóstico es compartido por la academia, las autoridades, los representantes del Parlamento y el ISP: existe un amplio espacio para mejorar los actuales procesos de tramitación y avanzar hacia cambios estructurales. Desde el IPSUSS vemos con optimismo el amplio acuerdo que existe para mejorar el acceso y la disponibilidad de medicamentos para quienes más los necesitan».
El seminario contó también con las intervenciones de la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián, Pamela Cámpora; el presidente del directorio de ASILFA, Julio Jiménez; y el decano de la Facultad de Medicina de la USS, Carlos Pérez Cortés, quienes relevaron desde sus respectivos ámbitos la importancia de generar espacios de colaboración entre la academia, las autoridades y la industria para abordar los desafíos de acceso a medicamentos.
Para ASILFA, esta conversación resulta especialmente relevante en un momento en el que se definen las prioridades sanitarias y presupuestarias para el próximo año. Fortalecer al ISP y a ANAMED, reducir los tiempos de tramitación y contar con procesos regulatorios modernos y predecibles son condiciones necesarias para avanzar en la ruta de acceso y asegurar que los medicamentos seguros y de calidad estén disponibles para los pacientes cuando los necesitan.
