La actividad se realizó a partir de una solicitud de asistencia técnica del Gobierno de Chile a la OIT y reunió a funcionarios de instituciones vinculadas a materias indígenas y al diseño e implementación de políticas, programas y proyectos dirigidos a pueblos indígenas.
Durante la jornada se analizaron los alcances del Convenio 169, los mecanismos de coordinación dentro de la administración pública, el derecho a la consulta y participación y los principales desafíos que enfrenta Chile en esta materia. El encuentro contempló además un diálogo entre los participantes para compartir experiencias e identificar desafíos en el desarrollo e implementación de políticas públicas.
El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, quien estuvo a cargo del cierre de la actividad, destacó la importancia de fortalecer las capacidades del Estado para desarrollar adecuadamente estos procesos. “Una buena consulta indígena requiere un Estado preparado, capaz de escuchar, dialogar de buena fe y cumplir adecuadamente sus obligaciones. Fortalecer estas capacidades nos permite desarrollar mejores procesos y mejores políticas públicas para los pueblos indígenas”, señaló.
La capacitación contó con la participación de Hernán Coronado, especialista en Pueblos Indígenas de la OIT, quien abordó los alcances del Convenio, los mecanismos de coordinación en la administración pública y los desafíos de la consulta indígena en Chile. La jornada también contempló un diálogo moderado por representantes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Ministerio del Interior.
El Convenio 169 establece disposiciones para promover los derechos de los pueblos indígenas y su participación en las decisiones que puedan afectarles, incluyendo su incorporación desde las primeras etapas de planificación de políticas públicas y la consulta frente a medidas susceptibles de afectarlos.
Según antecedentes recogidos por la OIT, en América Latina y el Caribe viven más de 54 millones de personas indígenas, equivalentes a más del 8,5% de la población regional. La organización también ha identificado brechas en materia de ingresos, empleo formal y acceso a sistemas de protección social, reforzando la importancia de desarrollar políticas públicas pertinentes y mecanismos efectivos de participación.
