A días del fin de semana largo, la Ley Jacinta releva la responsabilidad de quienes conducen y la necesidad de avanzar hacia una cultura de mayor prevención y protección de las víctimas de siniestros viales.
A pocos días de las celebraciones de Fiestas Patrias, miles de familias se trasladarán por calles y carreteras del país. En este contexto, la Ley Jacinta vuelve a poner en el centro la seguridad vial, la responsabilidad de los conductores y la protección de quienes resultan víctimas de un siniestro de tránsito.
Uno de los principales riesgos durante estas fechas es la conducción bajo los efectos del alcohol. El llamado ha sido siempre claro: si tomas, no conduzcas.
Pero la prevención no puede limitarse únicamente a los feriados. Ese es precisamente uno de los objetivos de la Ley Jacinta, que fortalece las exigencias para quienes conducen y establece nuevas herramientas de protección para las víctimas y sus familias.
“Conducir es un privilegio, no un derecho”
Para Max Schnitzer, impulsor de la Ley Jacinta y abuelo de Jacinta González, estas Fiestas Patrias son una oportunidad para reforzar que ponerse detrás de un volante implica una responsabilidad que va mucho más allá de quien conduce.
“Conducir es un privilegio, no un derecho. Cuando una persona se pone detrás de un volante, asume una responsabilidad sobre su propia vida y sobre la vida de todos los que comparten la vía pública. Por eso necesitamos conductores conscientes de que sus decisiones pueden tener consecuencias irreversibles”, señaló Max.
En este sentido, la Ley Jacinta busca avanzar hacia una mayor responsabilidad y prevención, fortaleciendo el control sobre la aptitud física y psíquica de quienes conducen y estableciendo una obligación expresa de informar determinadas enfermedades que puedan ser incompatibles o restrictivas para conducir.
Prevenir antes de lamentar y proteger cuando ocurre una tragedia
La Ley Jacinta tiene una mirada integral: prevenir el accidente, proteger a la víctima cuando ocurre y proteger a la familia que queda detrás.
Entre sus medidas, la normativa duplica las principales coberturas del SOAP: la indemnización por fallecimiento aumenta de 300 a 600 UF, mientras que los gastos médicos y de rehabilitación pueden alcanzar hasta 600 UF.
Además, en caso de fallecimiento, la indemnización del SOAP debe pagarse dentro de siete días, una vez presentados los antecedentes exigidos, entregando recursos con mayor rapidez a las familias que enfrentan una pérdida.
“La Ley Jacinta tiene dos dimensiones que son inseparables: queremos evitar que ocurran tragedias, pero también queremos que, cuando lamentablemente ocurran, las víctimas y sus familias tengan mayor protección y apoyo”, explica Schnitzer.
La normativa también contempla medidas de protección laboral para quienes enfrentan el fallecimiento de un hijo, cónyuge o conviviente civil, así como un protocolo para abordar los cobros de instituciones de salud cuando fallece un niño, niña o adolescente.
Schnitzer enfatiza: “Queremos que las Fiestas Patrias sean una fecha para celebrar y reunirse, no para que una familia tenga que enfrentar una tragedia que pudo haberse evitado. La seguridad vial es responsabilidad de todos”.
