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Director de la PDI rechaza que funcionarios imputados por secuestros cumplan prisión preventiva en cuarteles

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, reiteró su rechazo a que los funcionarios de la institución formalizados en la causa por secuestros extorsivos cumplan la prisión preventiva en dependencias de la PDI.

La investigación mantiene bajo la medida cautelar al inspector Rodrigo Navarrete Umaña, al subcomisario Pablo Gajardo Romo y al agente Sebastián Gajardo Rojas, quienes son indagados junto a otros imputados por su presunta participación en una red vinculada a secuestros y extorsiones en la Región Metropolitana.

Según informa el sitio Aquí y Ahora, Cerna explicó que la Ley Orgánica de la PDI permite que funcionarios privados de libertad por hechos derivados del ejercicio de sus funciones permanezcan en recintos institucionales. Sin embargo, cuando los delitos investigados no están vinculados al servicio, corresponde al director general solicitar expresamente que la medida se cumpla en un cuartel. Y en este caso, sostuvo que no realizará dicha solicitud.

“Yo no estoy pidiendo eso. Yo estoy pidiendo que no estén en un cuartel”, señaló Cerna, agregando que no corresponde destinar personal, tiempo y recursos de la institución a custodiar a personas que, según afirmó, “usaron la institución para delinquir”.

Pese a su postura, el director general recalcó que la PDI cumplirá las resoluciones de los tribunales.

La institución ya había remitido un oficio al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago manifestando su opinión negativa respecto de que los detectives involucrados permanecieran en dependencias policiales. En ese documento, la PDI argumentó que los hechos investigados no corresponden a actos propios del servicio y que sus cuarteles tampoco cuentan con infraestructura, personal ni condiciones adecuadas para mantener personas privadas de libertad durante períodos prolongados.

 

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