El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Carlos Miranda, manifestó su preocupación por la elevada cantidad de cargos que permanecen pendientes de nombramiento en el sistema y que podría incrementarse considerablemente a partir del próximo 2 de octubre, cuando comience a aplicarse el límite de edad establecido por la reforma notarial que entregó en vigencia este año.
Actualmente, en el sistema notarial existe más de un centenar de cargos cuyos procesos de nombramiento están pendientes, entre concursos iniciados bajo el sistema anterior y aquellos abiertos desde que comenzó a regir, el pasado 2 de abril, el nuevo mecanismo de selección. A ellos se sumarán los puestos que queden vacantes producto del cese de notarios y conservadores alcanzados por el límite de 75 años.
Consultado por un escenario que podría llevar el número de vacantes a cerca de 150, Miranda sostuvo que “evidentemente estamos en una situación donde lo que se busca es que haya fluidez, que haya un mayor avance en cuanto a cómo se proveen los concursos”.
“Es indudable que en esos cupos que van a quedar solo con interinos es bien complejo, porque son personas que pueden estar bastantes años; algunos ya llevan varios años. Y eso puede, en cierta medida, generar alguna especie de presión al sistema”, agregó.
Miranda planteó que los primeros meses de funcionamiento de la reforma han permitido detectar aspectos que podrían ser perfeccionados.
“Creemos que la marcha blanca de esta ley ha dado cuenta de que hay que hacer ajustes”, señaló, agregando que si el Ejecutivo y el Congreso concluyen que existen modificaciones necesarias, “hay que tomarlo” y avanzar en ellas para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema.
Uno de los asuntos pendientes corresponde a los concursos cuyas ternas fueron elaboradas antes de que entrara en vigencia el nuevo mecanismo de nombramientos.
El gremialista recordó que existe una iniciativa legislativa destinada a buscar una salida para esos procesos y recalcó que en ellos participaron tanto integrantes del sistema notarial como abogados externos, destacando que “es una forma de decir: ‘Oiga, avancemos con esto, resolvámoslo’, ya sea que se acoja o no se acoja. Es una forma de resolverlo, pero hay que darle una salida, ya sea legislativa o ya sea que se acuerde que tienen que entrar al procedimiento normal”.
El presidente del gremio también abrió la puerta a que los procesos para encontrar reemplazantes puedan comenzar antes de que se materialice una vacante, particularmente frente a los ceses que se irán produciendo por edad.
“Es razonable pensar que quizás se pueda llamar a concurso estando pendiente la entrega del cargo. Puede ser. Es razonable pensarlo, porque así se puede ayudar a destrabar el sistema”, sostuvo.
En esa línea, aseguró que “nosotros estamos en la línea de apoyar cualquier gestión o cualquier acción que los legisladores o la autoridad ejecutiva quieran hacer para mejorar y ayudar a dar fluidez al sistema. Mientras más transparente sea, mientras más se haga en pos de que se haga mejor, estamos totalmente de acuerdo”.
Respecto de qué ocurre cuando una notaría o conservador queda sin titular, Miranda explicó que los oficios continúan operando mediante funcionarios interinos que deben cumplir los requisitos establecidos para ejercer como notario o conservador y cuentan, en términos generales, con las mismas atribuciones de los titulares. Sin embargo, precisó que un interino no se encuentra en la misma condición jurídica que un titular y que la propia legislación establece limitaciones para determinados actos o contratos vinculados con la administración del oficio.
Por ello, advirtió que “es preocupante” que los procesos de nombramiento puedan prolongarse excesivamente y que los respectivos oficios permanezcan durante períodos extensos bajo régimen de interinato. Pese a esto, Miranda valoró el funcionamiento que han tenido hasta ahora estas administraciones transitorias y el trabajo realizado por los fiscales judiciales.
“En la práctica los interinatos se están llevando de buena forma gracias al excelente trabajo que están llevando adelante todos los que están involucrados en este proceso”, afirmó.
Sobre la aplicación del límite de 75 años, Miranda recordó que la asociación ya había acordado en 2018 respaldar la existencia de un tope de edad para el ejercicio de estos cargos y, por ello, sostuvo que el gremio no ha intervenido institucionalmente en las acciones judiciales promovidas por algunos de sus integrantes.
Sí reconoció que existen acciones pendientes ante el Tribunal Constitucional, cuyo resultado podría incidir en la situación de algunos de los titulares que deberían cesar en sus funciones desde octubre.
Miranda recalcó, sin embargo, “creemos que toda persona tiene derecho a ejercer sus acciones para defender lo que legítimamente pueda entender que son sus derechos”, afirmó.
Finalmente, el dirigente gremial aseguró que la asociación está disponible para aportar su experiencia práctica en los ajustes que requiera la reforma, aunque señaló que corresponde a las autoridades determinar las soluciones.
“Si nos llaman, estamos dispuestos a ayudar, porque somos los que conocemos el sentido práctico y operativo de cómo funcionan los sistemas notariales y conservatorios en el país”, concluyó.