La Subsecretaría de Prevención del Delito descartó que la propuesta de reglamento de la Ley de Seguridad Municipal establezca una nueva causal para cesar en sus cargos a los alcaldes y aseguró que el texto solo remite a responsabilidades que ya se encuentran contempladas en la legislación vigente.
La aclaración se produjo luego de que surgieran cuestionamientos respecto del artículo 8° de la propuesta, actualmente en trámite ante la Contraloría General de la República, y su eventual efecto sobre la permanencia de los jefes comunales.
Según explicó la subsecretaría, esa disposición establece el deber de los municipios de verificar que quienes sean nombrados como director de Seguridad Pública Municipal e inspectores de seguridad cumplan con los requisitos legales. También contempla la obligación de enviar trimestralmente la nómina de estos últimos a Carabineros y a la propia subsecretaría.
El organismo precisó que el incumplimiento de esas obligaciones puede generar responsabilidad administrativa y que, en el caso de un alcalde, eventualmente podría configurar un notable abandono de deberes. Sin embargo, recalcó que esa causal ya está establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y no es incorporada por el nuevo reglamento.
La subsecretaría recordó que la legislación define el notable abandono de deberes cuando un alcalde transgrede de manera inexcusable y manifiesta o reiterada las obligaciones establecidas por la Constitución y las normas que regulan el funcionamiento municipal. En esos casos, la responsabilidad debe hacerse efectiva mediante un requerimiento ante el Tribunal Electoral correspondiente.
Además, el Ejecutivo informó que la propuesta de reglamento deberá ser retirada de Contraloría y posteriormente reingresada una vez que el Congreso despache la denominada “ley corta” de Seguridad Municipal, actualmente en tramitación en el Senado, debido a los cambios que esa iniciativa introducirá a la normativa.
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito indicaron que ese proceso permitirá revisar y perfeccionar algunos aspectos de la reglamentación, para lo cual mantienen conversaciones con las asociaciones de municipios.
