Durante años confiamos en señales que parecían suficientes para verificar una identidad. Una voz reconocible, un rostro en videollamada o un correo desde una dirección conocida bastaban para tranquilizarnos. Este modelo de confianza implícita ya no es sostenible. Un ejemplo de eso fue este caso en 2024, cuando un colaborador del área financiera de ARUP (firma global de ingeniería con más de 18.000 empleados y 75 años de trayectoria) autorizó una serie de transferencias por cerca de US$25,6 millones tras participar en una videollamada donde reconoció, o creyó reconocer, a varios altos ejecutivos de la compañía. Todos eran deepfakes. Ni el correo, ni el rostro, ni la voz fueron suficientes para confirmar quién estaba realmente al otro lado. Hoy existe un riesgo todavía mayor, porque el atacante ya no necesita imitar a nadie, obtiene acceso con una identidad legítima que ni siquiera necesita ser humana.
Agentes de inteligencia artificial, APIs, bots y servicios automatizados son las llamadas identidades no humanas, y hoy interactúan de forma rutinaria con datos y sistemas críticos, muchas veces con permisos sobredimensionados y sin gobernanza formal. A diferencia de una persona, no se cansan, no dudan ni levantan sospechas cuando algo no calza. Si un atacante logra apropiarse de una, hereda todos los privilegios que tenía autorizados.
El caso de Trivy, un escáner de seguridad de código abierto muy usado por equipos de desarrollo para detectar vulnerabilidades, lo ilustra bien. En febrero de este año, un atacante logró intervenir uno de los procesos automáticos con que se publican sus actualizaciones y, con las credenciales que robó ahí, distribuyó versiones falsas del software. Ese engaño terminó afectando también a LiteLLM, otro proyecto de software que se descarga más de 95 millones de veces al mes. El atacante no tuvo que atacar a cada empresa por separado. Le bastó con infiltrarse en una sola herramienta en la que miles de organizaciones ya confiaban.
Es tentador pensar que estos casos son excepcionales, reservados a compañías del tamaño de ARUP o a herramientas con millones de descargas como Trivy. La realidad es distinta. Toda organización que opera con proveedores, servicios cloud o agentes de inteligencia artificial, es decir, casi todas, depende de la misma cadena de identidades artificiales que quedó expuesta en ambos casos, sin importar su tamaño ni su rubro.
Mientras estas amenazas evolucionan todos los días, el marco regulatorio en Chile también intenta estar acorde a estas nuevas necesidades. Por eso, más allá de lo que dicte la ley, la pregunta que cada organización debería hacerse hoy es si puede responder con certeza quién, o qué, tiene acceso a sus sistemas críticos en este momento, con qué permisos y bajo qué controles.
Responder exige avanzar en tres frentes: identificar los activos, las identidades y las dependencias críticas; aplicar una gobernanza basada en privilegios mínimos y una gestión segura de credenciales; y mantener capacidades de monitoreo y respuesta continua. La confianza digital ya no puede asumirse por defecto: debe verificarse y construirse todos los días.
