Ante los graves antecedentes dados a conocer por medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en contratos celebrados para la reconstrucción de viviendas tras el devastador mega-incendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el diputado por el Distrito 7, Luis Fernando Sánchez, oficializó dos requerimientos dirigidos a la Contraloría General de la República y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.
Las indagatorias apuntan a cuestionados pagos y contratos adjudicados sin licitación a empresas como San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA, los cuales superarían los $7.000 millones, detectándose sobreprecios, falta de capacidad operativa y servicios que no habrían sido ejecutados o debidamente acreditados. Producto de esto, el organismo fiscalizador formuló un reparo por un monto aproximado de $587.011.530, dando origen a un juicio de cuentas que involucra a exautoridades y funcionarios públicos.
Al respecto, el diputado Luis Fernando Sánchez enfatizó la urgencia de esclarecer el destino de los recursos públicos destinados a las familias afectadas:
«A más de dos años de la tragedia que golpeó a nuestra región, los vecinos de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana aún esperan respuestas claras y una reconstrucción digna. No podemos tolerar que los recursos destinados a quienes lo perdieron todo hayan terminado envueltos en cuestionamientos de esta magnitud, con contratos millonarios sin licitación y servicios que no se justifican. Exigimos total transparencia y celeridad tanto a la Contraloría como a la Delegación Presidencial para que se establezcan todas las responsabilidades administrativas y políticas que correspondan».
En relación con las gestiones realizadas, se ha oficiado formalmente a la Contraloría General de la República para conocer el estado procesal actual del juicio de cuentas derivado del Informe Final N° 528/2025, el avance del sumario administrativo instruido, los plazos estimados para su conclusión y las actuaciones que involucran a los ex delegados presidenciales Yanino Riquelme y Sofía González, junto a otros funcionarios. Del mismo modo, se requirió a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso información sobre el estado y los avances de la investigación interna relativa a la responsabilidad administrativa de las exautoridades, solicitando la copia íntegra de los antecedentes remesados al ente fiscalizador y el detalle de los actos administrativos y contratos suscritos con las empresas cuestionadas.
El parlamentario reiteró que estas acciones fiscalizadoras tienen por único y exclusivo objeto cautelar el correcto uso de los fondos públicos y conocer el estado de tramitación de los procesos pendientes en resguardo de la probidad.
