El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago obtuvo un 96,7% de cumplimiento en la fiscalización de transparencia activa 2026 del Consejo para la Transparencia (CPLT). La evaluación, realizada entre febrero y marzo de 2026 a los 16 gobiernos regionales, situó al organismo metropolitano en el séptimo lugar del país. Su resultado superó el promedio nacional de 92,27%, aunque disminuyó en 3,23 puntos respecto del 99,9% que había obtenido en 2025.
En la evaluación general, el incumplimiento detectado correspondió a información desactualizada sobre contratos formalizados mediante órdenes de compra, manteniendo al día y disponibles para la ciudadanía los demás antecedentes exigidos por la Ley de Transparencia.
Adicionalmente, el CPLT examinó tres materias específicas de transparencia presupuestaria exigidas por la Ley de Presupuestos 2026, respecto de las cuales el Gobierno Regional Metropolitano presentó incumplimientos en todas. Estas corresponden a la publicación de información sobre concursos públicos y proyectos adjudicados; antecedentes remitidos por instituciones privadas que recibieron transferencias superiores a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); e informes sobre la ejecución de recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo financiado por el royalty minero.
Contar con esta información permite seguir el destino del dinero público y conocer las iniciativas que reciben financiamiento. A nivel nacional, solo los gobiernos regionales de La Araucanía y Magallanes cumplieron con las tres exigencias a cabalidad, mientras que los otros catorce presentaron incumplimientos en todas o alguna de ellas.
La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “el Gobierno Regional Metropolitano obtiene un alto nivel de cumplimiento en transparencia activa, lo que se traduce en dar acceso a materias relevantes para sus habitantes, como remuneraciones, presupuesto y beneficios otorgados. Ese resultado debe reconocerse, pero junto con ello deben abordarse las brechas pendientes en materia presupuestaria. Las personas también tienen derecho a conocer el destino de los recursos del royalty minero, qué proyectos reciben financiamiento y qué instituciones privadas reciben cuantiosos fondos públicos”.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. El incumplimiento injustificado de las obligaciones de publicación puede ser sancionado, previo procedimiento administrativo, con multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables.
