La iniciativa, que fue presentada en junio pasado tras las agresiones a la titular de Ciencias en Valdivia y a la diputada Javiera Rodríguez en la Facultad de Derecho de la U. de Chile, contempla también sanciones para académicos, funcionarios o estudiantes que participen como autores o cómplices de agresiones físicas, intimidación grave o destrucción de infraestructura.
La diputada del Partido Republicano Paz Charpentier, planteó este sábado la necesidad de iniciar la tramitación del proyecto de ley que presentó en junio pasado, con el objetivo de establecer la obligación legal expresa para rectores, decanos y directivos de resguardar de manera efectiva la seguridad, la infraestructura y la continuidad de las clases, al interior de las universidades del país.
Lo anterior, luego que los imputados de atacar a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, no recibieran una sanción penal y se comprometieran a pedir disculpas públicas a la secretaria de Estado, junto con establecerse la prohibición de acercarse a ella y realizar trabajos comunitarios.
La iniciativa de la parlamentaria surgió como respuesta directa ante la preocupante escalada de agresiones sufridas por autoridades y parlamentarios en recintos universitarios durante este año.
Entre los antecedentes fundantes se encuentra el ataque a la ministra Lincolao en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, y las agresiones y amedrentamientos en contra de la diputada Javiera Rodríguez en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En ambos casos, las autoridades universitarias mostraron una pasividad alarmante, al no requerir el auxilio de Carabineros de Chile de manera oportuna.
Al respecto, la diputada Charpentier fue categórica al señalar que “el tiempo de las justificaciones ideológicas llegó a su fin. La pasividad y la indolencia de algunas autoridades universitarias frente a estos hechos constituye, en la práctica, una forma intolerable de complicidad con la violencia”.
“Hacer vista gorda a agresiones físicas o tomas, y negarse a pedir la intervención de Carabineros, amparándose en una falsa autonomía universitaria, es una total abdicación de sus deberes institucionales. Esto destruye la convivencia democrática y vulnera el derecho de miles de jóvenes que sí quieren estudiar en paz», subrayó la integrante de la comisión de Educación de la Cámara.
Tolerancia cero a la negligencia directiva
El proyecto de ley persigue dos objetivos centrales para restablecer la seguridad en la Educación Superior. La primera de ellas es la “obligación legal para los directivos”, que Consagra una «obligación mínima de medios», exigiendo a los rectores y decanos activar de inmediato los mecanismos de protección institucional y solicitar la fuerza pública, ante riesgos graves o inminentes a la integridad de las personas o cuando se interrumpa el servicio educativo. En caso de incumplimiento, la autoridad respectiva arriesgará severas sanciones bajo la Ley N° 21.091, incluyendo la inhabilidad para ejercer cargos directivos en la educación superior.
La iniciativa también contempla severas sanciones a académicos, funcionarios o estudiantes que participen como autores o cómplices de agresiones físicas, intimidación grave o destrucción de infraestructura.
Finalmente, la diputada Charpentier emplazó transversalmente al Congreso a tramitar esta iniciativa con máxima celeridad, advirtiendo que la falta de acción por parte de los planteles sólo termina validando la violencia como una forma legítima de expresión, dejando en total desamparo a las comunidades educativas de todo el país.
