La preocupación por el desempleo alcanzó un 70,2% y desplazó a la inseguridad (69,2%) como la principal inquietud de los chilenos.
Un 44,4% cree que la economía empeorará en un año, triplicando el pesimismo registrado en 2025 (13,7%).
Un 62,6% pide que el presupuesto 2027 se enfoque en reactivar la economía, aumentar el empleo y los salarios.
Un 80,6% considera que el destino de los recursos públicos no responde a las necesidades de las personas.
Santiago, 24 de septiembre de 2026.- El Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) presentó los resultados de la cuarta edición de la encuesta “Chile Nos Habla”, enfocada en las prioridades del gasto público ad portas de la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
El sondeo revela un giro clave en las demandas ciudadanas: el desempleo se posicionó en el primer lugar de las preocupaciones con un 70,2% de las menciones (registrando un alza de 19,3 puntos porcentuales respecto al año anterior), desplazando a la inseguridad al segundo puesto (69,2%, con una caída de 9,5 puntos). A esto se suma el alto costo de la vida (63,5%) y el estancamiento económico (53,2%) entre las mayores urgencias.
Caída del optimismo: percepción de que economía empeorará se triplica
La evaluación sobre la marcha del país refleja un escenario complejo, ya que el 67,5% califica la situación económica general como mala o muy mala. Asimismo, un 70,6% considera que las oportunidades laborales han empeorado en los últimos dos años, mientras que solo un 3,6% percibe mejoras.
Por otra parte, un 44,4% prevé que la economía estará peor en un año más, cifra que contrasta significativamente con el 13,7% registrado en 2025. En tanto, la inflación continúa impactando fuertemente el bienestar de las familias, afectando en alguna medida al 93,1% de los consultados.
Prioridades y exigencia de eficiencia en el gasto público
Frente al uso de los recursos del Estado, un 80,6% sostiene que el destino de los fondos públicos no responde a las necesidades reales de la gente, y un 81,3% opina que estos no se gastan de forma eficiente.
Por ello, al consultar sobre el principal objetivo que debería tener el Presupuesto 2027, la reactivación económica y el fomento del empleo y los salarios se imponen ampliamente con un 62,6% (un alza de 15,5 puntos frente a 2025), superando holgadamente a la crisis de seguridad pública (16,3%) y a la reducción de listas de espera en salud (9,0%).
En un escenario de restricción fiscal, las áreas que la ciudadanía revisaría en primer lugar para reasignar recursos son Defensa (37,5%), Deporte y Cultura (33,4%) y la cartera de Mujer (29,0%). Los recursos liberados deberían dirigirse prioritaria y mayoritariamente a Salud (64,2%), Seguridad (46,8%), Empleo y Pymes (41,8%) y Educación (40,2%).
Claves para la generación de empleo
Al analizar estos resultados y el panorama económico actual, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, señala que “el presupuesto 2027 debe ser el presupuesto del trabajo. La ciudadanía percibe fuerte el impacto social de la crisis laboral. La tarea no es fácil: reducir 1 punto porcentual el desempleo equivale a crear 105 mil puestos de trabajo netos. Una parte de la recuperación será vía inversión (privada y pública), pero la otra parte del problema radica en los excesivos costos laborales que solo irán en aumento, los ajustes postpandemia en las empresas y la irrupción tecnológica. Las políticas públicas deben hacerse cargo de estas cuatro dimensiones. En el presupuesto 2027 hay una enorme oportunidad para diseñar un robusto plan de inversiones, gasto de capital y fortalecer los subsidios a la demanda de empleo».
En relación a las herramientas fiscales para revertir el panorama laboral, la ciudadanía respalda con fuerza orientar el gasto público hacia medidas concretas de reactivación antes que a ayudas asistenciales. Un 83,5% de los encuestados considera que financiar sala cuna y jardines infantiles es una herramienta clave para facilitar el acceso de las mujeres al mercado del trabajo, mientras que un 80,4% sostiene que el Estado debe priorizar la inversión en infraestructura y vivienda por su rapidez para generar puestos de trabajo.
Asimismo, existe un apoyo de 72,9% para focalizar subsidios a la contratación de grupos con mayor dificultad de inserción, como jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, y un 60,2% prefiere reducir los costos de contratación para las pymes en lugar de crear nuevos programas estatales de empleo. Por el contrario, un rotundo 75,6% rechaza que el Estado entregue transferencias monetarias directas a personas desempleadas si esto sustituye el financiamiento de programas creadores de empleo.
Revisa la encuesta completa aquí.
