El Colegio de Administradores de Edificios y Condominios, CGAI, valoró la nueva iniciativa legal de instalar mallas protectoras u otros dispositivos de seguridad para prevenir caídas de niños y niñas desde edificios y condominios en altura, al tiempo que resaltó la importancia de que propietarios y administradores tomen acciones preventivas desde ahora.
Si bien la Ley Valentín, recientemente promulgada, entrará en vigencia el 23 de septiembre de 2028, el Colegio de Administradores y su Presidente, Juan Carlos Latorre, enfatizaron que las comunidades deben anticiparse a su vigencia obligatoria y comenzar desde ya a informarse y planificar la implementación de las nuevas medidas de seguridad destinadas a prevenir caídas desde edificios.
“Debemos trabajar desde ahora; anticiparse permite evitar decisiones apresuradas, ordenar los procesos y evaluar las alternativas disponibles con tiempo. La seguridad debe ser parte de una gestión preventiva y no una reacción frente a un accidente”, sostuvo el Presidente de CGAI.
Recordemos que la Ley Valentín establece los reglamentos de copropiedad no podrán impedir la instalación de mallas y otras medidas de seguridad, y que, en cambio, sí podrán establecer estándares mínimos relacionados con su calidad, instalación y mantención.
Además, la ley obliga a los ocupantes de edificios y condominios sobre el primer piso, donde vivan niños de hasta doce años o personas con necesidades especiales que presenten riesgo de caída, a adoptar estas medidas de seguridad.
Juan Carlos Latorre indicó que las comunidades deberán abordar esta materia de manera responsable, considerando la calidad de las soluciones, su correcta instalación y posterior mantención. Aquí el rol de la administración será principalmente facilitar la información, coordinar a los distintos actores y contribuir a que las decisiones se adopten de manera ordenada.
Concluyó que la prevención de accidentes en edificios requiere una responsabilidad compartida entre copropietarios, arrendatarios, residentes, comités de administración, administradores y proveedores, evitando que la aplicación de la normativa se concentre exclusivamente en una de las partes.
