El diputado PPD y miembro de la Comisión de Defensa, Carlos Cuadrado Prats, ingresó un oficio de fiscalización al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando los antecedentes completos de la incorporación de Chile al denominado Escudo de las Américas y, especialmente, que Cancillería identifique el acto mediante el cual el país manifestó su adhesión.
La iniciativa se presenta luego de que el Ministro de Relaciones Exteriores señalara ante la Cámara de Diputadas y Diputados que en este caso “no hubo firma”, y que se trata de una declaración «no vinculante».
“Aquí no estamos discutiendo si Chile debe o no cooperar contra el crimen organizado. Estamos preguntando algo institucionalmente mucho más básico: qué decidió Chile, quién lo decidió, mediante qué acto y qué obligaciones o compromisos nacen de esa decisión. Eso es información que el país y el Congreso deben conocer con precisión”, señaló el diputado Cuadrado Prats.
En el oficio se pide que Cancillería precise si la incorporación de Chile se produjo mediante aprobación, adhesión, intercambio de comunicaciones, consentimiento verbal, procedimiento de no objeción u otro mecanismo, y que remita los documentos, instrucciones, comunicaciones diplomáticas y antecedentes que permitan reconstruir esa decisión.
El escrito plantea además que la ausencia de una firma manuscrita no resuelve por sí sola la cuestión jurídica, y solicita al Ministerio explicar su interpretación del artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que contempla distintas formas mediante las cuales un Estado puede manifestar su consentimiento en obligarse.
Asimismo, se solicita establecer el alcance que el Gobierno atribuye a la expresión “primera acción conjunta” contenida en los antecedentes internacionales de Escudo de las Américas y determinar si se trata de una decisión colectiva ya adoptada, un compromiso político, una obligación internacional u otra categoría jurídica.
Finalmente, el requerimiento aborda materias como intercambio de inteligencia, congelamiento de activos, restricciones migratorias, minerales críticos, inversiones, infraestructura digital y una eventual utilización de mecanismos previstos en el TIAR, solicitando identificar cuáles de esas medidas podrían ejecutarse administrativamente y cuáles requerirían modificaciones legales o intervención del Congreso Nacional.
