Tras una fiscalización en terreno, la Contraloría Regional Metropolitana dio cuenta de una serie de irregularidades en el contrato de reposición del Edificio Central del Servicio Médico Legal (SML) en Santiago, proyecto a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el Informe Final N° 595 de 2026, la Contraloría constató que la Dirección Regional de Arquitectura desembolsó $1.110 millones en la adquisición del sistema de extinción de incendios FM-200 y $461 millones en el contrato del sistema de energía de respaldo para emergencias, sin que la entidad acreditara que dichos sistemas cumplían las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.
Asimismo, detectó problemas de hermeticidad en dependencias críticas de tanatología, manteniéndose una sala de autopsias especiales fuera de servicio debido a riesgos sanitarios. Lo anterior reviste especial relevancia, ya que las instalaciones de tanatología constituyen infraestructura esencial para el cumplimiento de las funciones que el SML desarrolla en beneficio de la ciudadanía.
Pese a que inicialmente la obra debía entregarse a fines de 2023, esta fue puesta en explotación en diciembre de 2025, con un período de marcha blanca hasta mayo de 2026. Sin embargo, con posterioridad a esa fecha continuaban desarrollándose actividades de integración, validación y verificación de su funcionamiento. De hecho, en junio pasado, cuando fiscalizadores de la Contraloría realizaron una visita en terreno, el inmueble registraba una ocupación de solo 34,58% y mantenía comprobaciones técnicas pendientes.
Entre las deficiencias identificadas, se verificó que la bomba principal del sistema de protección contra incendios permanecía inoperativa debido a una incompatibilidad entre sus requerimientos eléctricos y la infraestructura prevista para alimentarla, situación que compromete la capacidad de respuesta frente a un eventual incendio.
En su conjunto, los hechos expuestos afectan el correcto y oportuno aprovechamiento de una inversión pública destinada a fortalecer la capacidad operativa del Servicio Médico Legal y a contribuir a superar los problemas de capacidad sanitaria, operativa y de hacinamiento existentes en sus dependencias ubicadas en avenida La Paz, en la comuna de Independencia.
La Contraloría formulará un reparo por $1.571.798.088, mediante demanda en juicio de cuentas, con el objeto de obtener la restitución de dichos montos, ya que no fue posible comprobar que los sistemas adquiridos cumplieran las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas. Asimismo, ordenó a la Dirección Regional de Arquitectura iniciar un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
