Estudio realizado junto a La Vulca revela que el 82% de las personas ha percibido cambios climáticos o ambientales en el lugar donde vive durante los últimos cinco años. Incendios, contaminación del agua y degradación de ecosistemas aparecen entre las principales amenazas ambientales identificadas por la ciudadanía.
Tres de cada cuatro chilenos (76%) esperan que el Gobierno aumente su nivel de acción en materia de medio ambiente y cambio climático durante los próximos años, en un escenario donde los efectos de la crisis ambiental ya son percibidos de manera concreta por gran parte de la población: el 82% afirma haber notado cambios en las condiciones climáticas o ambientales del lugar donde vive durante los últimos cinco años.
Así lo revela la encuesta Las preocupaciones verdes de los chilenos: ¿son también una prioridad para el Gobierno? Medio ambiente, salud, economía y seguridad frente a los riesgos ambientales y climáticos, realizada por Greenpeace junto a La Vulca en el marco del Día Nacional del Medio Ambiente. El estudio muestra, además, que 45% de las personas declara estar bastante o muy preocupada por los problemas medioambientales que afectan al país, proporción que aumenta a 50% entre las mujeres consultadas.
Entre quienes han percibido cambios en su entorno, las olas de calor son el fenómeno más mencionado (60%), seguidas por lluvias o temporales más intensos (52%), heladas o cambios inusuales de temperatura (44%), incendios forestales (38%) y contaminación por humo (23%).
Esta experiencia también se refleja en las amenazas que las personas identifican para el país. Los incendios forestales ocupan el primer lugar, mencionados por el 41% de los encuestados, cifra que aumenta a 45% entre quienes viven en regiones. Le siguen la contaminación de ríos, lagos y océanos (29%) y la deforestación y degradación de ecosistemas (26%).
Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, explica que, según este estudio, la crisis climática es percibida como un fenómeno que trasciende lo estrictamente ambiental. Al pensar en Chile dentro de diez años, 51% de las personas anticipa una mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, y 39% estima un aumento del costo de los alimentos. Mientras, las opciones “mayor escasez de agua”, “incremento de los incendios forestales” y “pérdida de ecosistemas y biodiversidad”, empatan en el tercer lugar de las preocupaciones, con 37%.
“La crisis climática dejó de ser una preocupación lejana o exclusivamente ambiental. Las personas entienden que sus efectos pueden sentirse en cuestiones tan cotidianas como el precio de los alimentos, la disponibilidad de agua o la seguridad de sus comunidades frente a incendios y eventos extremos. Estos resultados muestran que proteger el medio ambiente es también proteger la calidad de vida y la capacidad de las familias para enfrentar un escenario climático cada vez más complejo”, comenta Espinosa.
Una demanda por mayor acción
Frente a estos riesgos, un 42% considera que el Gobierno y el Estado en su conjunto deben asumir la principal responsabilidad, porcentaje que alcanza 58% entre las personas de 30 a 39 años. Entre las medidas que las personas creen que el Estado debería priorizar, la protección de bosques, humedales, glaciares y otros ecosistemas clave ocupa el primer lugar, con 42%. Le siguen el impulso a las energías renovables (32%); la reducción de emisiones de grandes industrias (29%); la prevención de incendios forestales (26%); el fortalecimiento de la educación ambiental (25%), y la protección de océanos y ecosistemas marinos (24%).
La disposición a actuar también se observa a nivel individual: un 53% señala estar dispuesto a realizar cambios en su vida cotidiana para contribuir a enfrentar el cambio climático y un 22% afirma que ya los realiza. A su vez, 53% considera posible avanzar simultáneamente en crecimiento económico y protección ambiental, mientras 29% sostiene que Chile debe priorizar la protección del medio ambiente incluso si ello implica mayores costos.
Una brecha con la gestión del Gobierno
Los resultados cambian al evaluar la respuesta de las autoridades: un 54% califica como mala o muy mala la gestión del actual Gobierno en medio ambiente y cambio climático, frente a un 17% que la considera buena o muy buena. Entre las mujeres, la evaluación negativa alcanza el 61% de las preferencias.
A esto se suma un bajo conocimiento de las acciones gubernamentales: 71% declara conocer poco o nada las medidas impulsadas por la actual administración en estas materias.
La evaluación negativa de la ciudadanía, además, supera o bordea el 50% en varias de las áreas consultadas: reducción de emisiones y acción frente al cambio climático (55%); prevención de la contaminación del aire (55%); protección de océanos y costas (55%); protección de glaciares y ecosistemas de montaña (54%); preparación frente a eventos meteorológicos extremos (53%); protección de bosques y biodiversidad (52%); y protección ambiental frente a proyectos productivos (50%).
Esta percepción también se expresa al comparar los primeros meses de la actual administración con gobiernos anteriores: 67% considera que la protección del medio ambiente y la acción frente al cambio climático han tenido menos prioridad, mientras solo un 11% percibe que estas iniciativas han adquirido más prioridad.
Mirando hacia adelante, el mensaje es igualmente claro: 76% espera que el Gobierno aumente su nivel de acción en medio ambiente y cambio climático. De ellos, 44,3% espera un aumento significativo y 31,2%, que aumente algo.
En este contexto, Espinosa señala que los chilenos no están hablando de una crisis lejana: “Este estudio nos muestra que las personas están viendo sus efectos en el calor, las lluvias, los incendios, el agua y hasta en el costo de los alimentos. Lo que esta encuesta muestra es que existe una distancia entre esa preocupación y la prioridad que las personas perciben desde el Gobierno”.
Decretos ambientales y evaluación de proyectos
La encuesta también consultó por decisiones adoptadas durante los primeros meses de la actual administración. Frente a los 43 decretos ambientales retirados en marzo pasado de Contraloría para su revisión -de los cuales aún 35 siguen pendientes de su reingreso-, las prioridades ciudadanas para su reingreso son la protección de ríos, lagos y otras aguas (32%); la calidad del aire (29%); la creación y protección de parques, reservas y otras áreas protegidas (28%); la prevención de la pérdida de biodiversidad (25%); y la reducción y gestión de residuos (25%).
Finalmente, el estudio preguntó por la relación entre inversión y evaluación ambiental. Ante el récord de inversión asociado a proyectos aprobados ambientalmente durante los primeros meses de Gobierno, 43% declara estar bastante o muy preocupado de que una mayor rapidez en las aprobaciones pueda afectar la rigurosidad de la evaluación ambiental y generar impactos negativos en el medio ambiente, los territorios y las comunidades. Si se incorpora a quienes manifiestan estar “algo preocupados”, la cifra alcanza 77%.
“Durante estos meses se ha insistido desde el Ejecutivo en instalar una falsa dicotomía entre crecimiento económico y protección ambiental, pero los propios chilenos la desmienten: una mayoría cree que ambos pueden y deben avanzar juntos. Nadie está pidiendo detener el desarrollo; lo que las personas esperamos es que este no se construya a costa del medio ambiente, los territorios y nuestra propia calidad de vida. Por eso hemos sido claros con nuestra campaña ‘Ni un paso atrás’: acelerar inversiones nunca puede ser una excusa para rebajar estándares ni desmantelar protecciones que Chile tardó décadas en construir. El desafío es avanzar, pero avanzar bien y sin retroceder en materia ambiental”, puntualiza Espinosa.
| Las preocupaciones verdes de los chilenos: ¿son también una prioridad para el Gobierno? Medio ambiente, salud, economía y seguridad frente a los riesgos ambientales y climáticos
Ficha técnica
Trabajo de campo: entre el 15 y 17 de septiembre de 2026. Metodología: Encuesta autoaplicadas realizadas mediante panel online a muestra nacional sin cuotas (caída natural). Ponderación por variables sociodemográficas (sexo, edad y residencia datos de censo; GSE a partir de información proporcionada por AIM).
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