El parlamentario PDG advirtió que la reducción de recursos afectaría una política destinada a financiar tratamientos de alto costo y emplazó al Gobierno a explicar cómo garantizará la continuidad de las coberturas. La discusión se da en medio de las alertas que desde hace años existen sobre la sustentabilidad financiera del fondo.
El diputado Fabián Ossandón (PDG) cuestionó la reducción de más de $28 mil millones que, según los antecedentes presupuestarios revisados por el parlamentario, sufrirían los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto en el proyecto de Presupuesto 2027, y pidió al Ejecutivo aclarar cómo se resguardarán los tratamientos de quienes dependen de esta cobertura.
La preocupación surge considerando que el Presupuesto 2026 contempló $189.696 millones para asegurar el financiamiento de las 27 patologías cubiertas por la Ley Ricarte Soto. El sistema, vigente desde 2015, busca entregar protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo.
“Me parece insólito y cuesta entender que el Presupuesto 2027 reduzca en más de 28 mil millones de pesos los recursos para la Ley Ricarte Soto. Estamos hablando de tratamientos de alto costo para personas y familias que dependen de esta cobertura. Si ya existen alertas sobre su financiamiento, el Gobierno tiene que explicar por qué recorta estos recursos y cómo va a garantizar que nadie quede sin tratamiento”, afirmó Ossandón.
Las advertencias sobre el financiamiento del sistema anteceden a la actual discusión presupuestaria. La propia Dirección de Presupuestos había proyectado que la holgura del fondo sería insuficiente para financiar las garantías en régimen a partir de 2027, debido al crecimiento de los gastos y la demanda por tratamientos, situación que ha impulsado la discusión de modificaciones al mecanismo de sustentabilidad de la ley.
“Me parece de una indolencia tremenda que el Gobierno del Presidente Kast recorte presupuesto en áreas tan sensibles”, agregó el parlamentario. El proyecto de Presupuesto 2027 ingresó al Congreso el 30 de septiembre y comenzó esta semana su tramitación, en medio del debate por las prioridades de gasto y los recursos destinados al sistema de salud.
