Hace un par de días se hicieron públicos los resultados de la evaluación internacional PISA OCDE 2025 que evalúa el nivel de habilidades en estudiantes de 15 a 16 años en las áreas de matemática, lectura, ciencias y resolución de problemas computacionales. En Chile participaron más de 6.500 alumnos de 222 escuelas y, tal como lo han confirmado las pruebas estandarizadas nacionales, los resultados obtenidos en matemática son preocupantes, lo que exige abordar esta problemática con mucha seriedad, profundidad y compromiso.
Desde el inicio de la aplicación de esta prueba, nuestro país ha participado obteniendo resultados siempre por debajo del promedio OCDE, pero manteniendo cierta estabilidad. Esta tendencia cambia desde el 2015 (423 puntos) donde la baja se torna sistemática, llegando a su resultado histórico en la medición del 2025, alcanzando solo 403 puntos, que nos sitúan en el lugar 35 de 38 naciones en el listado comparativo de la organización, solo superando a Costa Rica, México y Colombia, además de presentar una diferencia de 22 puntos respecto del promedio OCDE (463 puntos).
Solo el 41 % de los estudiantes chilenos alcanzó el nivel básico en competencias matemáticas, lo que indica que seis de cada diez alumnos no logra llegar a estándares mínimos de habilidades que les permita desempeñarse adecuadamente ante situaciones matemáticas. Por otra parte, existe una diferencia de 70 puntos entre el 25% de estudiantes más pobres, versus el 25% de los más ricos, lo que manifiesta y ratifica la gran brecha educativa a partir del nivel socioeconómico. Pero uno de los resultados que más llama la atención es que, al menos en ciencias, los escolares que no usan IA para el desarrollo de tareas específicas superan hasta en 20 puntos a aquellos que sí la usan, lo que se traduce en aproximadamente un año de ventaja escolar.
Ante tan categóricos resultados es válido preguntarnos ¿cómo abordamos esta situación compleja? Chile es uno de los países latinoamericanos que más invierte en educación respecto del producto interno bruto, por lo que claramente no ha sido un problema centrado en la voluntad y decisión del Estado. Entonces, este parece ser un momento de inflexión que exige un acuerdo nacional en beneficio de la educación pública, focalizando la inversión en la primera infancia, promoviendo un desarrollo profesional permanente y significativo, donde el compromiso por la educación sean acciones concretas que se materializan y no solo quede en una retórica circular llena de frases poéticas.
Asimismo, sabemos que, más allá de las diversas variables socioculturales, económicas y sistémicas que enfrenta el sistema escolar, los profesores de matemática necesitan generar un cambio profundo en las prácticas de enseñanza que apunten a promover las nuevas habilidades que demanda el siglo XXI.
