Cada 7 de octubre, el Día Mundial del Trabajo Decente nos invita a mirar el empleo no solo como una fuente de ingresos, sino como un espacio donde las personas puedan desarrollarse con derechos, protección social y dignidad. Desde que este concepto fuera impulsado por Juan Somavía desde la Organización Internacional del Trabajo, ha existido una idea central: no basta con tener trabajo; también importan las condiciones en que este se desarrolla.
Entre esas condiciones está el derecho a trabajar en ambientes seguros y saludables. Chile ha dado pasos importantes en esta materia, con la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, la Ley Karin, la entrada en vigencia del Decreto Supremo 44 y la ratificación del Convenio 155 de la OIT. Son avances que han fortalecido la prevención, incorporando con mayor fuerza ámbitos como la salud mental, los riesgos psicosociales y la construcción de espacios laborales libres de violencia y acoso.
Pero el trabajo decente también supone enfrentar las brechas que persisten. En la Región de Valparaíso, la tasa de desocupación alcanzó un 10,2% durante el trimestre junio-agosto de 2026. Tener acceso a oportunidades laborales es parte fundamental de esta discusión, al igual que avanzar hacia empleos formales que permitan a las personas ejercer sus derechos y acceder plenamente a la protección social.
A ello se suma un desafío que ha adquirido cada vez mayor relevancia: la salud mental. Durante 2025, el 77,8% de las enfermedades profesionales calificadas en el país estuvieron asociadas a diagnósticos de salud mental. Esta realidad nos obliga a ampliar la forma en que entendemos la prevención. Un espacio de trabajo seguro no es únicamente aquel donde se controlan los riesgos físicos, sino también aquel que previene los factores de riesgo psicosocial y promueve relaciones laborales basadas en el respeto y el buen trato.
Al mismo tiempo, persisten consecuencias que no podemos normalizar. Durante 2025, se registraron 225 personas fallecidas por accidentes del trabajo y 115 por accidentes de trayecto. Detrás de cada una de esas cifras hay una persona que no regresó a su hogar y una familia cuya vida cambió para siempre.
Por eso, avanzar hacia el trabajo decente requiere una responsabilidad compartida. Las entidades empleadoras deben identificar los peligros, evaluar los riesgos y adoptar oportunamente las medidas de prevención y control, con participación de las y los trabajadores. El Estado y los organismos administradores del Seguro de la Ley 16.744 tenemos, a su vez, la responsabilidad de contribuir a que esa protección se haga efectiva.
Esto se construye también en esas acciones cotidianas: en un riesgo detectado antes de que provoque un accidente, en una medida preventiva adoptada a tiempo, en un espacio laboral libre de violencia y acoso y en una organización que comprende que la salud mental también forma parte de la seguridad y salud en el trabajo.
Este 7 de octubre es una oportunidad para recordar que trabajar con seguridad y salud es un derecho. Y que una de las expresiones más concretas del trabajo decente sigue siendo también la más esencial: que cada persona pueda terminar su jornada y volver sana y salva a su hogar.
