El parlamentario pidió esclarecer eventuales responsabilidades en la cadena de mando, revisar los protocolos de prevención y sanción de violencia sexual y de género, y conocer si el INDH evalúa presentar una querella por tratarse de funcionarios del Estado.
El diputado Jaime Bassa ofició al Ministerio de Defensa para que, a través de la Comandancia en Jefe de la Armada de Chile, entregue antecedentes sobre las medidas administrativas, disciplinarias y preventivas adoptadas luego de que dos funcionarios de la institución fueran formalizados por el delito de violación en Rapa Nui, y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para que informe las acciones adoptadas en el marco de sus atribuciones. La acción parlamentaria se produce luego de que la Armada confirmara la desvinculación de los involucrados, mientras continúa la investigación penal y ambos imputados permanecen en prisión preventiva.
“Ante un caso tan grave como una violación masiva, la desvinculación de los funcionarios responsables no es suficiente. La Armada tiene que garantizar la implementación y el establecimiento de medidas que garanticen que esto no vuelva a ocurrir. Medidas de prevención, de formación en derechos humanos, de formación con perspectiva de género para todo su personal. Es por eso que hemos oficiado tanto a la Armada como al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque no es posible que chilenas que trabajan, que se arriesgan, que arriesgan su vida por la defensa de la soberanía de nuestro país, y para trabajar en nuestras fuerzas armadas, se vean expuestas de esta forma a una vulneración tan grave de su indemnidad sexual. La Armada tiene que ser capaz de garantizar la seguridad de todos sus funcionarios, especialmente de sus funcionarias y el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que darnos garantías también de que los derechos humanos de los funcionarios del Estado no van a ser vulnerados también por sus instituciones”, dijo el diputado Jaime Bassa.
En concreto, el oficio solicita a la Armada informar si se iniciaron investigaciones administrativas o disciplinarias destinadas a determinar eventuales omisiones de supervisión o encubrimiento en la cadena de mando; detallar los protocolos vigentes para prevenir, detectar y sancionar delitos sexuales, violencia de género y acoso; entregar las estadísticas de denuncias, sumarios y desvinculaciones registradas durante este año; e informar las medidas de cooperación con el Ministerio Público y los tribunales. También requiere antecedentes sobre los planes de capacitación obligatoria en enfoque de género y derechos humanos para oficiales y personal de la institución.
La solicitud también fue dirigida al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al que Bassa pidió informar si ha tomado conocimiento formal de la causa y si evalúa presentar una querella criminal considerando la calidad de agentes del Estado de los funcionarios imputados. Asimismo, solicita conocer si se activaron mecanismos de acompañamiento, observación de garantías y derivación a programas de atención y reparación para la víctima, además de los informes o recomendaciones existentes sobre prevención de violencia de género y estándares de derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas.
