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Juez se inhabilita y obliga a postergar nuevamente preparación de juicio oral contra Cathy Barriga

Los equipos intervinieron el sector adyacente a la planta y al emisario, sumándose a una jornada territorial que permitió retirar más de una tonelada de residuos en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

La audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue suspendida este miércoles luego de que el juez Hugo Torres, del 9°Juzgado de Garantía de Santiago, se inhabilitara por mantener una relación de amistad con abogados que representan a Joaquín Lavín León, esposo de la exautoridad e imputado en una causa derivada de la misma investigación.

La decisión se adoptó tras una solicitud de recusación amistosa, a la que adhirieron el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. El magistrado reconoció su vínculo con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, quienes anteriormente también participaron en la defensa de Barriga.

Según los antecedentes expuestos durante la audiencia, el juez había declarado previamente su inhabilidad en esta causa, en noviembre de 2024. La Fiscalía argumentó que existen medios de prueba comunes que fueron discutidos cuando ambos abogados representaban a la exalcaldesa.

El tribunal acogió la solicitud y fijó una nueva fecha para desarrollar la instancia, la que se llevará a cabo el 19 de octubre a las 09:00 hrs. Con esta resolución, la audiencia de preparación de juicio oral queda postergada por tercera vez.

La Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a Barriga de delitos vinculados a presuntas irregularidades durante su administración en Maipú, entre ellos fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y negociación incompatible.

Según la tesis del Ministerio Público, durante su gestión se habrían realizado gastos irregulares, ocultado déficits y utilizado recursos municipales para fines distintos de los establecidos, con un perjuicio estimado superior a $31 mil millones.

Finalmente, por estos hechos, la Fiscalía solicita penas que superan los 23 años de cárcel, mientras que el Consejo de Defensa del Estado, en calidad de querellante, pide 37 años de prisión.

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