El abogado Raimundo Palamara sostiene que declaraciones y correos institucionales justifican esclarecer la intervención del funcionario municipal Hernán Tapia en las contrataciones investigadas.
La Fundación Fuerza Ciudadana solicitó a la Corte Suprema revocar la sentencia que acogió un recurso de amparo en favor de Hernán Tapia Peña y dejó sin efecto la autorización para incautar su teléfono personal y computador laboral, en el marco de la investigación sobre contrataciones de la Municipalidad de Llay Llay.
La organización, representada por el abogado Raimundo Palamara, sostiene que existen antecedentes concretos que vinculan al funcionario con procedimientos cuya regularidad debe esclarecerse. Su apelación destaca la declaración de un exfuncionario municipal que atribuye a Tapia una intervención en una reunión sobre la licitación de calle Manuel Rodríguez, en la que se habría instruido favorecer a uno de los oferentes. El testigo también afirma haberle enviado por WhatsApp antecedentes sobre errores detectados en las ofertas.
A ese relato se suman correos institucionales incorporados a la carpeta investigativa, que contienen observaciones y visaciones de Tapia sobre informes de evaluación. Entre ellos figuran los proyectos El Salitre y Juegos Infantiles, incluidos en la querella del Consejo de Defensa del Estado por negociación incompatible contra Jasna Elkins. La Fundación participa como querellante en la misma causa, a partir de la acción presentada por Palamara en su representación.
Para la organización, estos antecedentes permiten investigar si la intervención jurídica del funcionario se ajustó a sus atribuciones o si contribuyó conscientemente a contrataciones destinadas a favorecer intereses particulares. En relación con el eventual fraude al fisco, corresponde establecer, además, si las operaciones causaron un perjuicio patrimonial al municipio y qué participación tuvo cada persona.
En ese contexto, Palamara afirmó que “resulta trascendental la incautación de especies de todas las personas que participaron en dichas operaciones objeto de la investigación penal”. A juicio del abogado, el acceso a documentos y comunicaciones resulta necesario para contrastar las declaraciones y esclarecer las responsabilidades individuales.
El fallo impugnado, dictado el 30 de septiembre de 2026 por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuestionó la fundamentación de las medidas y tuvo por establecida una restricción ilegal de la libertad de Tapia durante el procedimiento. Por ello, ordenó restituir sus equipos y eliminar lo obtenido.
Palamara controvierte esa conclusión. Sostiene que la incautación respetó las garantías procesales y que el funcionario permaneció en las dependencias municipales en cumplimiento de sus labores y dentro de su jornada de trabajo, sin encontrarse detenido. Sobre esa base, la apelación solicita revocar la sentencia y rechazar el amparo.
El recurso fue presentado el 3 de octubre y concedido el día 5. Los antecedentes fueron remitidos a la Corte Suprema el 6 de octubre. El amparo corresponde al rol 4115-2026 y se relaciona con la causa penal RIT 540-2025 del Juzgado de Garantía de San Felipe.
La Fundación Fuerza Ciudadana y la concejala de Llay Llay, Solange Pizarro, han impulsado el esclarecimiento de los hechos y solicitado tanto al Consejo de Defensa del Estado como al Ministerio Público que la investigación avance con acceso a los antecedentes necesarios. Según los querellantes, las operaciones examinadas involucran más de $500 millones en recursos públicos, cuyo uso y eventual perjuicio para el municipio deben ser determinados en juicio.
