El diputado cuestionó que los damnificados del megaincendio continúen sin una solución habitacional mientras avanza la disputa judicial por las viviendas, alertando sobre el desgaste psicológico, emocional y social que enfrentan tras más de dos años de incertidumbre.
La posibilidad de que el juicio por las viviendas de El Olivar, en Viña del Mar, se prolongue durante años abre un nuevo escenario de incertidumbre para las familias afectadas por el megaincendio de febrero de 2024. El diputado Andrés Celis cuestionó las consecuencias que esta espera podría tener en la salud mental de los damnificados, quienes llevan más de dos años sin respuestas definitivas y enfrentan un desgaste psicológico, emocional y social que podría profundizarse si el conflicto judicial continúa.
El parlamentario, quien ha seguido de cerca el proceso de reconstrucción tanto en terreno como a través de la Comisión Investigadora que presidió, cuestionó que los damnificados continúen sin saber cuándo podrán recuperar sus hogares, mientras se mantienen las diferencias sobre las responsabilidades por las deficiencias detectadas en las construcciones.
“Lo que estamos viendo en El Olivar es una situación profundamente cruel para las familias, porque mientras unos discuten responsabilidades, otros presentan informes y la justicia intenta determinar qué ocurrió, quienes llevan más de dos años esperando sus viviendas siguen sin una respuesta concreta. Hemos recorrido el sector y visto casas que, a simple vista, parecían estar prácticamente terminadas, lo que hace todavía más difícil comprender la frustración de quienes sienten que la posibilidad de recuperar sus hogares está cada vez más lejos”, sostuvo Celis.
Más allá de la disputa judicial, el diputado puso especial atención en las consecuencias psicológicas de una espera que podría extenderse por años, considerando que muchas de estas familias todavía enfrentan las secuelas emocionales de la tragedia y la falta de certezas sobre su futuro.
“Hay personas emocionalmente sobrepasadas y pareciera que nadie está dimensionando lo que significa seguir prolongando esta espera. No se trata de defender a una constructora ni de tomar partido en una disputa judicial, sino de entender que las familias no pueden seguir siendo las principales perjudicadas por decisiones y errores que no les corresponden. ¿Cuánto más se supone que tienen que resistir? El daño psicológico que está dejando esta reconstrucción también tiene consecuencias y no se soluciona simplemente entregando una casa dentro de varios años. Las familias necesitan respuestas ahora, no cuando la justicia termine de resolver quién tuvo la culpa”, concluyó.
