Como parte de su programa de liberalización económica, aunque realmente corresponde a un desesperado esfuerzo para salir de la asfixia económica que enfrenta desde comienzos de este año, Cuba anunció una reforma de su sector petrolero, que incluye concesiones a inversionistas extranjeros y la apertura al sector privado local.
El país comunista busca ampliar su producción de petróleo y gas con nuevas normas aprobadas en el contexto del paquete de 176 reformas a favor del mercado libre, adoptadas en junio, para hacer frente a una de las peores crisis económicas del país, bajo la fuerte presión de Washington.
Desde principios de la década de 1990, compañías extranjeras han participado en el sector de los hidrocarburos, pero solo mediante contratos de producción compartida a través de empresas mixtas con el Estado.
La nueva legislación «incorpora otras alternativas, entre ellas la concesión petrolera, que puede resultar más atractiva para determinados inversores», explicó Pedro Abigantus, directivo del ministerio de Energía y Minas, citado por el portal oficial Cubadebate. Asimismo, «contempla la participación de actores económicos privados nacionales en actividades de la industria petrolera», agregó.
La norma busca «el incremento progresivo de la producción de petróleo crudo y gas natural», según Abigantus, en «un escenario económico y energético diferente», de liberalización económica, aunque sin renunciar al «control estatal sobre los recursos petroleros».
Como parte de su política de «máxima presión» contra La Habana, Washington aplica desde enero un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica y energética que ya enfrentaba la isla de 9,4 millones de habitantes. Varias empresas estatales y dirigentes del sector han sido sancionadas.
El país produce el 40% del petróleo que consume y que se destina principalmente al funcionamiento de las siete viejas termoeléctricas que constituyen el pilar de su sistema eléctrico.
Washington solo ha permitido desde febrero la entrada de combustible adquirido en Estados Unidos por emprendedores privados cubanos. Sin embargo, estas compras representan solo un 3% de las necesidades de consumo del país, según datos oficiales.
En julio, el gobierno cubano permitió la apertura a los privados de amplios sectores de la economía como gasolineras, farmacias, puertos y bancos. Según datos oficiales, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas operan actualmente en Cuba y emplean a más de un tercio de la población activa.
Donald Trump, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, afirma que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una «amenaza extraordinaria» para la seguridad de Estados Unidos y ha amenazado con «tomar el control» de la isla.
De otra parte, el gobierno comunista de Miguel Díaz Canel negó cualquier vínculo con los 90 cargamentos de combustible que las autoridades estadounidenses aseguran haber interceptado cuando se dirigieron a la isla.
Autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles que habían interceptado 90 cargamentos de combustible que iban dirigidos a Enetec, una compañía en Cuba dedicada al comercio de gasolinas y lubricantes, que Washington había sancionado el 13 de julio.
José Figueroa, agente de la oficina de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó entonces en rueda de prensa en Miami que esos cargamentos de combustible «fueron documentados para ser enviados al gobierno de Cuba».
«Cuba no tiene nada que ver», con esos embarques de combustible, dijo el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, preguntado sobre el tema durante un encuentro con periodistas.
«Ni contratos tenemos» para esas compras de combustible, añadió De la O Levy.
