La parlamentaria presentó una serie de oficios a diversos organismos del Estado en donde exigió información clave sobre alertas emitidas, medidas preventivas, planes de mitigación y reposición de servicios básicos, evaluación y acciones de mejora necesarias con ocasión de los sistemas frontales que afectaron a la Región Metropolitana.
La acción fiscalizadora de la diputada frenteamplista del distrito 10, Lorena Fries, se enmarca en las diversas consecuencias que han dejado RM los últimos sistemas frontales. Así, la legisladora ofició al Ministerio del Interior, SENAPRED, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Energía, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Superintendencia de Servicios Sanitarios y Delegación Presidencial Regional Metropolitana.
“He considerado necesario oficiar a diversos organismos del Estado para esclarecer qué falló y, a partir de entonces, se puedan establecer las responsabilidades y corregir aquello que no está funcionando”, indicó la diputada Lorena Fries. Lo anterior, se enmarca en las diversas repercusiones que han traído las tormentas que han azotado la región durante el mes de octubre, las que generaron un aluvión en Las Condes el pasado jueves 08 de octubre; así como también a una serie de graves afectaciones en comunas como Santiago, Providencia, Nuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín el martes 13 de octubre, todas comunas pertenecientes al distrito que representa la diputada.
En concreto, la legisladora puso énfasis en los antecedentes y las alertas que fueron emitidas por los organismos técnicos antes de cada emergencia, información que estuvo siempre a disposición de las autoridades. En virtud de aquello, detalló sobre su acción fiscalizadora: «Las advertencias meteorológicas eran conocidas, por eso las autoridades deben explicar qué medidas adoptaron y por qué no fueron suficientes, los registros que conocemos muestran que, incluso, la vida de las personas estuvo en riesgo. Y si no lograban anticipar sus consecuencias, al menos tienen que
responder por las fallas en los sistemas de alerta, prevención y en los planes de mitigación”.
En efecto, los oficios presentados exigen a los organismos públicos —dependiendo de sus competencias— entreguen información de interés sobre cinco puntos: i) acciones emprendidas de prevención y preparación ante las emergencias; ii) respuestas ante las emergencias y reposición de servicios básicos e infraestructura afectada; iii) coordinación institucional entre organismos públicos y empresas concesionarias o prestadoras de servicios; iv) atención a grupos de especial protección, en específico, personas electrodependientes, personas mayores, con discapacidad, en situación de calle y otros grupos de especial protección; v) evaluación sobre el actuar ya ejecutado, lecciones aprendidas y acciones mejora contempladas.
