Los diputados Flor Weisse, Eduardo Cretton y Daniel Lilayu llamaron al Ministerio Público a «ponderar» el escenario de «extrema violencia» que debió enfrentar Carabineros en esa época.
A siete años del 18 de octubre de 2019, que marcó el inicio de una serie de violentas manifestaciones que se registraron en el país, la jefa de la Bancada UDI, Flor Weisse, junto con los diputados Eduardo Cretton y Daniel Lilayu, llamaron a la Fiscalía a no perseverar en la investigación que mantiene contra tres ex generales de Carabineros por su presunta responsabilidad de mando durante el estallido social.
Cabe recordar que las indagatorias comenzaron en noviembre de 2019, pero no fue hasta octubre de 2024 cuando el Ministerio Público decidió formalizar al subdirector general de la institución de la época, Diego Olate, así como a los ex generales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez. Este último, de hecho, debió renunciar a su cargo cuatro días antes de la respectiva audiencia como consecuencia del denominado «criterio Tohá» que fijó la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá.
Sin embargo, según los antecedentes conocidos públicamente, el caso ha experimentado diversos cambios en su conducción, entre ellos la salida de Ximena Chong del equipo investigador, luego que fuera trasladada desde la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte a una unidad de Santiago Centro.
En ese contexto, y considerando que el plazo de investigación vencería a mediados de enero, los parlamentarios plantearon que sería «prudente» y «sensato» que la Fiscalía evaluara no perseverar en la causa, argumentando que Carabineros «cumplió un rol fundamental en un escenario de extrema violencia, algo que no puede desconocerse al momento de evaluar la actuación de sus funcionarios».
«Han transcurrido siete años desde que Chile enfrentó una ola de violencia insurreccional sin límites, con graves y permanentes consecuencias para millones de familias. Y mientras miles de violentistas y delincuentes atentaban contra nuestro país, destruyendo todo lo que tenían a su alcance y poniendo en serio riesgo la seguridad de los chilenos, fueron los funcionarios policiales y militares quienes se encargaron de protegernos, demostrando un compromiso ejemplar. Por lo tanto, es ese contexto, analizado con la perspectiva del tiempo, el que no puede quedar fuera de la evaluación que realice la Fiscalía sobre las causas pendientes, porque sería profundamente injusto juzgar la actuación policial desconociendo las circunstancias excepcionales que vivimos», manifestaron los legisladores, quienes agregaron que «una de esas investigaciones es la que involucra al entonces alto mando de Carabineros y que, a nuestro juicio, estuvo marcada por la animadversión que algunos tenían contra la institución».
Pero además, los diputados Weisse, Cretton y Lilayu llamaron al Ministerio Público a reevaluar su criterio en las otras 378 investigaciones que, hasta agosto de este año, seguían pendientes e involucraban a agentes del Estado, asegurando que «lo más prudente y sensato es considerar todos los antecedentes de la época, incluso los intentos por derrocar a un gobierno democráticamente electo, y luego analizar la actuación de una institución que evidentemente se vio sobrepasada por la violencia».
«Si bien somos absolutamente respetuosos de la autonomía de la Fiscalía, creemos indispensable que todas estas causas sean evaluadas considerando el contexto de extrema violencia que enfrentó el país, porque lo que no podemos permitir es que, en cinco o diez años más, nos lamentemos como sociedad por haber juzgado injustamente a quienes, en uno de los momentos más críticos de la historia reciente, lograron sostener la democracia y resguardar nuestra institucionalidad», concluyeron los legisladores.
