Cualquier almacén de barrio lo sabe: para abrir la cortina hay que tener patente. Por eso, la denuncia de la Municipalidad de Peñalolén contra la ANFP llamó la atención. Según el municipio, el organismo lleva 16 años funcionando en su complejo de Quilín sin patente comercial y mantiene obligaciones pendientes que sumarían cerca de $172 millones, entre patentes, derechos de aseo, reajustes, intereses y multas. El alcalde Miguel Concha lo resumió en una frase que cualquier hincha entiende: las reglas son iguales para todos.
El municipio anunció que notificará a la ANFP para que regularice su situación. Es posible que existan antecedentes jurídicos o administrativos que todavía no se conocen. Pero el caso merece atención incluso antes de que se resuelva, porque pone sobre la mesa una pregunta que el fútbol chileno no puede esquivar: ¿por qué una institución que exige orden y cumplimiento a los demás debe dar explicaciones por sus propias obligaciones?
La paradoja es evidente. La misma ANFP que exige a los clubes ordenar sus finanzas, cumplir con sus jugadores y presentar documentación al día para competir enfrenta, según la denuncia municipal, una obligación básica pendiente durante más de una década y media. No es un asunto menor. En gestión deportiva existe un principio simple: quien dirige, regula o representa una actividad debe ser especialmente cuidadoso con el cumplimiento de sus propias obligaciones. La autoridad institucional no se sostiene solo en las atribuciones, sino también en la confianza que inspira.
El contexto tampoco es irrelevante. En octubre de 2025, la ANFP y TNT Sports alcanzaron un acuerdo para resolver sus controversias comerciales, que contempló cambios en el calendario y nuevos formatos de competencia, incluida la Copa de la Liga. El fútbol chileno también atraviesa un proceso de elección de autoridades y de separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, con participación de la FIFA y la Conmebol en las conversaciones recientes. En medio de estos cambios, la denuncia de Peñalolén suma otra pregunta sobre la gestión del organismo: ¿cómo se construye una institucionalidad más sólida si todavía hay obligaciones básicas que aclarar?
Hay también una dimensión que suele olvidarse. Los grandes recintos deportivos no flotan en el aire: están en comunas que organizan servicios, mantienen espacios públicos y deben responder a las necesidades de sus habitantes. Los derechos municipales forman parte de ese vínculo entre las instituciones y los territorios donde operan. Si existen obligaciones pendientes, corresponde aclararlas y regularizarlas por los canales establecidos. El cumplimiento no debiera depender del tamaño, la popularidad o la influencia de quien debe pagar.
El fútbol chileno lleva años buscando consolidarse como una industria seria, con mejores estándares de gestión y mayor credibilidad. Es legítimo aspirar a ello. Pero la seriedad no se declara en conferencias de prensa ni se alcanza únicamente mediante reformas institucionales. También se construye con prácticas cotidianas: cumplir las obligaciones, transparentar la gestión y rendir cuentas.
La denuncia contra la ANFP deberá resolverse sobre la base de los antecedentes y las normas aplicables. Sin embargo, la discusión que abre va más allá de una patente municipal. Si el fútbol quiere recuperar la confianza de sus hinchas y fortalecer su institucionalidad, debe demostrar que las reglas que exige a los demás también orientan su propio funcionamiento. Porque ninguna reforma tendrá plena legitimidad si no comienza por la responsabilidad de quienes deben impulsarla.
