De acuerdo al Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Salud, entre 2024 y 2025 se reportaron un total de 10.646 agresiones directas a trabajadores y trabajadoras de la salud en todo el país. Estos hechos exponen la vulnerabilidad de una fuerza laboral compuesta en un 70% por mujeres jefas de hogar, expresa esta estadística que subraya una crisis a partir del ataque vandálico y «turbazo» registrado en el CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el sector de Bajos de Mena de Puente Alto. Esta agresión provocó millonarios daños en la infraestructura y la paralización de las atenciones de salud en el servicio junto con alertar a los funcionarios del sector en espera del fortalecimiento de los protocolos de seguridad prometidos por distintas administraciones, según los líderes gremiales.
El Presidente de la Confederación FENATS Unitaria, Ricardo Ruiz Escalona explica que la crisis se ha agudizado ante el retiro progresivo de los puntos fijos de Carabineros en diversos servicios de urgencia nocturnos y la ocurrencia de episodios graves como los ocurridos en el Hospital Félix Bulnes, donde las licencias derivadas de ataques físicos provocan un impacto humano y económico directo en los trabajadores y los usuarios del servicio.
En tanto, en Valparaíso, Biobío y la región Metropolitana se repite un patrón de balaceras en salas de espera donde suelen llegar heridos de enfrentamientos de bandas criminales rivales. Esto también ha derivado en el amedrentamiento directo hacia los equipos de salud, agresiones a guardias y destrozos en la infraestructura en hospitales, urgencias y consultorio. También ataques contra médicos y personal técnico por parte de usuarios o acompañantes molestos por los tiempos de espera o por la negativa a entregárseles licencias o prescripciones de forma irregular.
También en zonas del Sur Poniente de Santiago las “balas locas” o disputas en el perímetro han obligado a la suspensión de las atenciones. Al encontrarse en zonas de alta complejidad social y disputas territoriales, también se han registrado emboscadas y apedreos a ambulancias cuando acuden a prestar auxilio en sectores conflictivos.
Respecto a las soluciones de fondo, el líder sindical comenta que la respuesta hasta ahora ha resultado ineficiente al limitarse a una vía burocrática. Propone tomar como referencia modelos comunitarios de seguridad que ya han dado resultados como los que se han implementado en la Posta Central o centros de salud en Maipú donde existe un proyecto participativo e integrador entre asociaciones de trabajadores de la salud local, juntas de vecinos, municipalidades, Carabineros y hasta Bomberos. “Se han mejorado tiempos de respuesta ante estos actos de agresión, se ha coordinado protocolos y respuestas administrativas para hacer frente a estas situaciones y se ha construido una convicción comunitaria de que el centro de salud es un espacio de acogida que le pertenece a todos y que hay que cuidar. Ese es el camino que debemos replicar en todo Chile”, estima Ruiz Escalona.
En tanto, José Álvarez, dirigente gremial en el Consultorio Dr. José Bauzá Frau de Lampa y representante de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, CONFUSAM en la comuna, apunta a la desprotección estructural que sufren los equipos en el gran territorio, un tema que cada cierto tiempo estalla cuando los trabajadores de la salud son agredidos.
Junto con ello, Álvarez identifica una grave brecha en la aplicación del marco legal vigente: “Lo primero que observamos es que hay poco conocimiento de la Ley Consultorio Seguro (Ley 21.188), tanto en Carabineros como entre los propios funcionarios de salud. También falta trabajo preventivo con los equipos y con la comunidad”.
Para evitar que las trabajadoras y trabajadores queden expuestos a amedrentamientos por visibilizar los ataques, el dirigente gremial plantea una salida concreta respaldada por la normativa procesal penal. “Una solución concreta es aplicar lo que ya establece el artículo 175 del Código Procesal Penal. Según ese artículo, son los directores de los establecimientos de salud, o quienes los subroguen, quienes deben presentar la denuncia ante Fiscalía. Así no se expone al funcionario o funcionaria que fue agredido”, precisa Álvarez ante este escenario.
