El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, ofició al Subsecretario de Justicia exigiendo un informe pormenorizado y la remisión de antecedentes sobre los 56 decretos exentos dictados entre marzo y septiembre de 2026, los cuales otorgaron reducciones de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores.
El parlamentario cuestionó con dureza el actuar del Ministerio de Justicia recordando que presentó un proyecto para reformar la Ley 18.216, precisamente para terminar con los beneficios que permiten a delincuentes peligrosos evitar el cumplimiento efectivo de penas de cárcel y advirtiendo que no es admisible que, mientras desde el Congreso se busca cerrar la puerta giratoria, el propio Ejecutivo beneficie administrativamente a autores de delitos de alta gravedad contra la infancia.
A través del requerimiento, el legislador acusó eventuales vicios de nulidad de derecho público, infracción de ley e ilegalidad en el procedimiento adoptado por la cartera.
En el escrito, Bianchi sostuvo que la Ley N° 21.421 prohíbe de forma expresa otorgar este beneficio penitenciario a condenados por delitos sexuales contra menores y enfatizó que dicha restricción legal rige de manera inmediata para cualquier acto administrativo expedido tras su publicación.
Asimismo, el parlamentario solicitó la entrega de la nómina de beneficiados con el detalle de las causas y penas, copia de las instrucciones e informes jurídicos internos que justificaron este proceder, las actas de las Comisiones de Reducción de Condena y la verificación de si se instruyeron sumarios o procesos de invalidación administrativa sobre dichos decretos.
