La iniciativa pretende simplificar los traspasos institucionales, reducir costos y plazos de instalación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas retrasando el acceso a beneficios para sus usuarios.
A pesar de que la propuesta presentada por el gobierno que busca ajustar el proceso de implementación de esta nueva institucionalidad fue aprobada por la Sala de la Cámara, pasando a segundo trámite al Senado, fue votada en contra por la diputada por el distrito 6 de la región de Valparaíso, Sofía González, quien manifestó que esta medida solo retrasa la verdadera protección a las víctimas.
Respecto a la propuesta del gobierno, la diputada Sofía González señaló que “el gobierno nos habla todos los días de seguridad y dice que las víctimas de delitos son su prioridad. Pero seamos claros, hoy nos pide aprobar un proyecto que retrasa la puesta en marcha de la Defensoría de las Víctimas. Qué curiosa forma de proteger a las víctimas. Cuando una persona sufre un delito, necesita orientación, apoyo y un abogado que la acompañe y que le ayude a entender lo burocrático que es el sistema. Precisamente, para eso se creó esta institución”.
Según la parlamentaria, “hoy el gobierno nos dice que no alcanzó a preparar su instalación. Faltan sistemas informáticos, información y aspectos fundamentales para su funcionamiento, y yo me pregunto, entonces, qué han hecho en estos 7 meses. Es decir, el gobierno no hizo su trabajo y ahora pretende que las víctimas paguen las consecuencias. Pero ojo, que este retraso no afecta a todos por igual, porque una persona con recursos puede contratar un abogado, pero qué ocurre con quienes no tienen cómo pagar, qué sucede con las personas que viven lejos de las grandes ciudades. Bueno, van a seguir esperando, porque este gobierno no le interesa. Hablemos en serio, les da lo mismo, porque ni siquiera conoce la angustia que siente una familia que no logra llegar a fin de mes y que, además, no tiene cómo defenderse cuando es víctima de un delito”.
Para la diputada Sofía González “en la práctica sigue existiendo una justicia para ricos y otra para pobres. Y mientras tanto, se abandona las familias y el gobierno nos habla de un ahorro de 440 millones de pesos. Mire qué fácil resulta ahorrar cuando son otros los que tienen que pagar las consecuencias. Mire qué fácil es responsabilizar a otros por su falta de eficiencia y de humanidad. La seguridad no puede quedarse en discursos. Esta ley ya fue aprobada, y lo que corresponde es que el gobierno haga su pega”.
