El ministro de Justicia, Fernando Rabat ha confirmado esta tarde que el Gobierno otorgará «máxima urgencia» a los proyectos de ley que buscan impedir la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Una decisión que aparece como respuesta a la controversia política generada por la firma de 56 decretos que redujeron las penas de abusadores y violadores de menores bajo el actual mandato.
El titular de la cartera de Justicia puntualizó que el Ministerio solamente aplicó el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal respecto a una normativa del año 2022, que se fundamentaba en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Dada la ´polémica, en donde parlamentarios han pedido interpelar a Rabat e incluso acusarlo constitucionalmente, la autoridad confirmó que el Ejecutivo respaldará las mociones del Congreso y presentará una propuesta propia. El objetivo es evitar de forma definitiva que condenados por delitos sexuales contra menores accedan administrativamente a rebajas en sus condenas.
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia formalizó 56 rebajas de condena (27 por abuso sexual y 29 por violación de menores). El ministro Rabat puntualizó que la ley dictada en 2022 dejó un espacio legal que permitía estas interpretaciones. Con la nueva legislación, el Gobierno busca «cerrar la puerta a los beneficios para los abusadores sexuales» y evitar que el asunto sea revisado por la Corte Suprema mediante recursos de amparo.
Parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición anunciaron la presentación de al menos cinco iniciativas legales diferentes destinadas a poner fin a estos beneficios administrativos.
En entrevista en el informativo «Meganoticias» del canal Mega, Rabat puntualizó que el Presidente José Antonio Kast «no tenía conocimiento» de estas rebajas de condenas y puntualizó que «la gran mayoría» de los 56 beneficiados ya está en libertad.
