La exministra abrió un incómodo debate para el Ejecutivo al cuestionar la decisión de aprobar 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Pese a reconocer que votó por José Antonio Kast, Rubilar planteó que el Gobierno debió mantener una postura más firme y exigió explicaciones sobre las decisiones adoptadas.
Una fuerte controversia política se ha instalado en torno a las 56 rebajas de condenas concedidas durante la administración del presidente José Antonio Kast a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Esta vez, los cuestionamientos no llegaron únicamente desde sectores críticos del Ejecutivo, sino también desde una figura que respaldó electoralmente al actual mandatario: la exministra Karla Rubilar.
Sus declaraciones abrieron una discusión especialmente sensible para el Gobierno, poniendo sobre la mesa una pregunta que trasciende las diferencias políticas: ¿Existe coherencia entre el compromiso de proteger a la infancia y las decisiones adoptadas frente a condenados por delitos sexuales?
Rubilar cuestiona al Ejecutivo pese a haber votado por Kast
En conversación con el programa El Despertador, de Radio La Metro, Karla Rubilar manifestó su desacuerdo con la forma en que el Gobierno enfrentó las solicitudes de reducción de condenas.
La exautoridad sostuvo que el Ejecutivo debió adoptar una posición más clara ante la gravedad de los delitos involucrados y, eventualmente, permitir que fueran los tribunales quienes resolvieran las controversias jurídicas.
Su cuestionamiento adquiere especial relevancia política porque no proviene de una adversaria electoral del Presidente. La propia Rubilar reconoció haber votado por Kast y afirmó que esperaba una postura distinta de su administración.
Para la exministra, el hecho de que exista jurisprudencia sobre la materia no necesariamente significa que la autoridad deba renunciar a examinar individualmente las solicitudes y las alternativas jurídicas disponibles.
56 condenas rebajadas: el origen de la controversia
La polémica comenzó luego de que una investigación de Interferencia revelara que, entre marzo y septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de reducción de penas correspondientes a condenados por delitos sexuales contra menores.
De ellos, 27 corresponden a casos de abuso sexual y 29 a violación.
Las decisiones fueron adoptadas mediante el procedimiento administrativo contemplado en la legislación, que considera evaluaciones previas y la posterior resolución del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, las explicaciones entregadas por el Ejecutivo no han logrado cerrar la discusión.
El Gobierno sostiene que actuó conforme a la ley y a los criterios establecidos por la Corte Suprema para delitos cometidos antes de la reforma legal de 2022, que excluyó determinados delitos sexuales contra menores de estos beneficios.
La controversia radica, precisamente, en determinar qué margen de decisión tenía el Ministerio y si correspondía aplicar administrativamente esa interpretación a todas las solicitudes que cumplían los requisitos legales.
Una crítica que incomoda políticamente al Gobierno
El planteamiento de Rubilar introduce un elemento relevante en el debate: la exigencia de coherencia también puede provenir de quienes respaldaron la llegada del actual Gobierno a La Moneda.
El cuestionamiento no se limita a la legalidad de los decretos, sino que alcanza la forma en que la administración ha defendido sus decisiones y explicado sus prioridades.
En una materia tan delicada como los delitos sexuales contra menores, la tensión entre las obligaciones legales, la protección de las víctimas y los compromisos políticos merece una explicación transparente.
Rubilar ha sido enfática en expresar que considera estos delitos de extrema gravedad y que no comparte la concesión de beneficios a sus responsables.
Su intervención también abre una interrogante para el Ejecutivo: ¿Era posible adoptar una interpretación jurídica distinta y dejar que los tribunales resolvieran cada controversia?
