Además, adelantaron que *ingresarán una Solicitud de Invalidación de los Decretos que dejaron en libertad a personas condenadas por delitos sexuales y casos de DDHH.
La Bancada de Diputadas y Diputados PPD-Independientes expresaron su preocupación tras la publicación de una investigación de Bío Bío que identificó a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas administrativas por el gobierno de José Antonio Kast, que hoy están en libertad. Informes de Gendarmería advirtieron un alto riesgo de reincidencia, negación del delito y falta de empatía en varios de ellos.
“33 de los 56 pederastas que estaban condenados tienen un riesgo alto de reincidencia. Eso obliga al Estado a preocuparse de las víctimas. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Se están enterando por los medios de comunicación de que sus agresores hoy día están en libertad, o el Estado con sus capacidades se ha podido contactar con esas víctimas?, ¿ha podido ofrecer apoyo psicológico, ha podido ver el grado de vulnerabilidad de las víctimas? Yo prefiero que sea el Estado quien le informe a esas víctimas, a que sean los medios de comunicación y la televisión quien les dé esa mala noticia. De verdad, debemos poner en el centro de la preocupación a las víctimas. Pido a los distintos organismos del Estado, a la Defensoría de la Niñez, también al Ministerio de Desarrollo Social que debe velar por el bienestar de las familias, también a Fiscalía, ver si es necesario medidas de protección, saber quiénes son, y qué grado de vulnerabilidad tienen,”, afirmó el diputado PPD y miembro de la Comisión de Constitución, José Montalva.
En tanto, el diputado independiente PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, adelantó que “vamos a ingresar una solicitud de invalidación de los decretos, de acuerdo a lo que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando una autoridad emite un decreto, un acto administrativo, tiene la facultad dentro del plazo de dos años, de dejarlo sin efecto. Nosotros le vamos a entregar al ministro Rabat la solicitud formal de que deje sin efecto los decretos, porque eso es una solución inmediata, sin necesidad de una tramitación legislativa y que él asuma el error que ha cometido. Él tiene la herramienta legal que está en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, se llama invalidación administrativa. Nos parece que es la forma de proteger a los niños y niñas, porque hoy día se está hablando de muchos temas políticos, pero nadie está poniendo el foco en lo importante, en esos niños que fueron víctimas, en los informes técnicos que dicen que estas personas tienen una alta probabilidad de reincidir en el mismo delito”.
Por su parte, el Jefe de Bancada (s), Cristián Tapia, señaló que “creo que es una pésima señal para el país y una pésima señal también para el mundo lo ocurrido. O sea, en qué país estamos viviendo en que el Estado y el gobierno actual están protegiendo y están avalando las violaciones, eso es lo que se interpreta. Podemos tener muchos matices de cómo se dieron las cosas, pero aquí hay un tremendo error del Ministro de Justicia, y el Presidente de la República no puede decir ‘yo no sabía’. El Presidente de la República tiene que dar las directrices a los ministros, a los subsecretarios. Yo también me quiero quedar con las víctimas. ¿Nadie se dio el tiempo para revisar el informe de Gendarmería, que es sumamente concreto?. Aquí no se puede echar la culpa a los gobiernos anteriores. ¿Se imaginan el día de hoy si la víctima se encuentra de frente con su violador?, ¿cuál va a ser su reacción o la de su familia?. El gobierno tiene que tomar esto con mucha seriedad y no tan fríamente como lo ha tomado hasta ahora”.
