El diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano) anunció que presentará un proyecto para establecer el uso de tobilleras electrónicas y un registro público para personas condenadas por delitos sexuales, en medio de la controversia por las rebajas de condena otorgadas a más de 300 condenados por abuso y violación de menores. Además, cuestionó la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y acusó a la izquierda de “aprovecharse del momento”, planteando que también debería revisarse la responsabilidad de los ministros de la Corte Suprema que intervinieron en estos beneficios.
La controversia se originó tras conocerse que el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores durante la actual administración. Considerando también el gobierno anterior, se contabilizan 332 beneficios de este tipo en los últimos cinco años.
“Esta es una situación gravísima. A la fecha se suman más de 300 condenados por violaciones a menores que han rebajado sus penas”, sostuvo Kunstmann.
El parlamentario respaldó la posición adoptada por el Presidente José Antonio Kast, quien reconoció un error del Estado frente a las víctimas y ratificó a Rabat con el mandato de liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y evitar que la situación vuelva a repetirse.
“Estamos de acuerdo con la postura del Presidente José Antonio Kast y tenemos que buscar una solución rápida. Agradecemos lo que ha señalado el Presidente y el ministro Rabat con respecto a agilizar los proyectos de ley que ya están en este Congreso y otros más que van a venir de parte del Ejecutivo”, señaló.
Entre las medidas, el Ministerio de Justicia suspendió la tramitación de nuevos decretos de rebaja para estos casos y anunció medidas legislativas destinadas a impedir que condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo al beneficio.
No obstante, Kunstmann adelantó que impulsará medidas adicionales de control para quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos. “Vamos a ir un poco más allá y vamos a presentar un proyecto de ley para que los agresores sexuales y también los pederastas ocupen tobilleras electrónicas. Además, que el registro de estos personajes sea un registro público, que todos los chilenos tengamos conocimiento dónde están y dónde viven”, afirmó.
Por otra parte, respecto de la eventual acusación constitucional contra Rabat, el diputado cuestionó la ofensiva anunciada desde sectores de la oposición. “Nos parece que la izquierda una vez más se aprovecha del momento”, sostuvo.
Kunstmann agregó que, a su juicio, una eventual ofensiva constitucional por esta situación también obliga a revisar el papel desempeñado por la Corte Suprema en la jurisprudencia utilizada para otorgar beneficios. “No sacamos nada con acusar constitucionalmente al ministro Rabat si no avanzamos también en una acusación constitucional contra todos esos ministros de la Corte Suprema que otorgaron los más de 300 beneficios a estos reclusos”, cerró.
