La iniciativa modifica la Ley N.º 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, buscando que los servicios higiénicos con accesibilidad universal cuenten con condiciones adecuadas de infraestructura, higiene y privacidad para el correcto manejo de estos dispositivos médicos.
Con el objetivo de eliminar las barreras invisibles que afectan a miles de personas en su vida cotidiana, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Tamara Ramírez, ingresó un proyecto de ley que modifica la Ley N.º 20.422 para incorporar las necesidades de las personas ostomizadas en las condiciones de accesibilidad universal de los servicios higiénicos.
La iniciativa busca que los baños públicos que ya están obligados a cumplir con estándares de accesibilidad universal consideren infraestructura adecuada para que estos pacientes puedan realizar el vaciado, limpieza y recambio de sus dispositivos de ostomía en condiciones de autonomía, privacidad, seguridad e higiene.
Al respecto, la diputada Tamara Ramírez señaló que «hoy estamos dando un paso fundamental en dignidad y autonomía. Si bien en 2023 avanzamos con la Ley N.º 21.559 para asegurar el derecho de acceso a los baños, en la práctica nos encontramos con que las instalaciones actuales no están diseñadas para las necesidades sanitarias de una persona ostomizada. No basta con que se les deje entrar al baño; el entorno debe permitirles cambiar o vaciar sus dispositivos de forma segura, privada e higiénica sin que esto se transforme en una barrera para trabajar, estudiar o salir a recrearse».
La propuesta legislativa introduce un nuevo inciso a Ley N.º 20.422, aprovechando las competencias normativas ya existentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las facultades de fiscalización de las Direcciones de Obras Municipales (DOM), sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas ni generar gastos adicionales al Estado. Las especificaciones técnicas de adaptación quedarán dentro del ámbito regulatorio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
«Este proyecto no pretende obligar a construir nuevos baños ni a restarle espacio a las personas con discapacidad o movilidad reducida. Lo que hacemos es ampliar la mirada del diseño universal, queremos que los mismos baños accesibles que ya existen integren elementos sencillos pero vitales, como repisas de apoyo adecuadas o acceso próximo al agua. Queremos entornos amigables que reconozcan la diversidad de necesidades funcionales de los chilenos», explicó la parlamentaria del PDG.
El proyecto de ley contempla además una entrada en vigencia diferida de seis meses tras su publicación, otorgando un plazo prudente para que el marco normativo de la construcción integre estas nuevas exigencias sin alterar los procedimientos actuales de edificación.
