A raíz de las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, el diputado Hotuiti Teao presentó un proyecto de ley que busca reforzar los mecanismos de protección a las víctimas y el control sobre estos beneficios. La iniciativa propone que los informes técnicos de Gendarmería sean vinculantes en los procedimientos de indulto, rebaja de condena y libertad condicional. Además, busca que las víctimas y sus familias sean obligatoriamente notificadas cuando se otorguen estos beneficios, extendiendo este derecho a los indultos y rebajas de penas una protección que actualmente existe para la libertad condicional. Sumado a ello, propone que los decretos que concedan rebajas de condena estén debidamente fundamentados, considerando los antecedentes particulares de cada condenado.
“Es inaceptable que personas condenadas por violar o abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes puedan recuperar su libertad anticipadamente, incluso cuando existen informes de Gendarmería que advierten un alto riesgo de reincidencia. Una investigación periodística identificó a 33 de los 56 beneficiados que hoy están en libertad, revelando que varios de ellos contaban con evaluaciones que alertaban sobre ese peligro. ¿De qué sirve contar con estos antecedentes si finalmente pueden ser desestimados? Por eso, proponemos que los informes técnicos de Gendarmería sean vinculantes en los indultos, rebajas de condena y libertad condicional. No podemos seguir tratando como una simple recomendación evaluaciones que pueden ser determinantes para prevenir nuevos delitos”, puntualizó el parlamentario.
El legislador agregó además que “en segundo lugar, queremos garantizar que las víctimas y sus familias sean informadas oportunamente cuando sus agresores puedan recuperar la libertad. Hoy la legislación contempla mecanismos de notificación en materia de libertad condicional, pero no existe una protección equivalente para los indultos presidenciales y las rebajas de condena. No puede ser que una persona que sufrió una violación o abuso sexual durante su infancia se encuentre de pronto con su agresor caminando por la calle, sin haber sido informada previamente de que recuperó su libertad. Nuestra propuesta busca extender y fortalecer este derecho para que las víctimas puedan conocer estas decisiones con anticipación y adoptar las medidas necesarias para su protección”.
“En tercer lugar – añadió – buscamos terminar con los decretos que conceden rebajas de condena limitándose a citar disposiciones legales sin explicar suficientemente las razones que justifican cada decisión. Proponemos que estos actos administrativos deban estar debidamente fundados, considerando detalladamente los antecedentes individuales del condenado, los informes técnicos y las circunstancias particulares del caso. No basta con hacer referencias genéricas a la normativa. Cada beneficio debe contar con una justificación clara, específica y verificable, porque estamos hablando de decisiones que pueden tener consecuencias directas en la seguridad de las personas”.
Finalmente Teao concluyó que “la protección de la infancia ha sido una de mis principales banderas de lucha durante todos estos años. Por eso, frente a estos 56 casos, no podemos quedarnos únicamente en las declaraciones de preocupación. Tenemos que corregir las deficiencias de nuestra legislación, fortalecer la transparencia de las decisiones y garantizar que los derechos de las víctimas sean efectivamente resguardados. Cuando hablamos de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, no puede haber espacio para diferencias políticas”.
