El parlamentario calificó de «insuficiente» la regulación presentada en el Senado, criticó el impuesto del 22% por considerarlo bajo y acusó una contradicción con la agenda de combate al crimen organizado.
El Poder Ejecutivo, a través del subsecretario de Hacienda, expuso ante la comisión de Economía del Senado un conjunto de nuevas indicaciones al proyecto de ley que regula el mercado de las apuestas en línea en el Congreso, modificaciones que cambian el esquema tributario fijando un impuesto del 22%, crean un fondo contra la ludopatía y endurecen el bloqueo de los sitios sin licencia, además de prohibir de manera estricta todo tipo de publicidad y promociones comerciales asociadas al sector. Frente a este escenario regulatorio, el diputado Álvaro Carter manifestó sus reparos respecto a los alcances, la suficiencia y el impacto social y de seguridad que conllevan estas medidas.
El legislador cuestionó los términos de la iniciativa, manifestando que “es lamentable que el Gobierno avance en esta línea. Hemos sostenido reiteradamente la necesidad del bloqueo de apuestas online por dos razones: el severo daño y adicción neurológica que provocan en niños y adolescentes, y nuestra firme lucha contra el lavado de dinero proveniente del crimen organizado. La propuesta del Gobierno resulta absolutamente insuficiente, para generar un verdadero desincentivo, el impuesto debiera ser cercano al 40% e incluir también a los premios. Además, resulta insólito otorgar un perdonazo a plataformas que operaron ilegalmente durante años, permitiéndoles regularizarse únicamente con el pago de una multa”.
A juicio del parlamentario, el proyecto omite aspectos centrales sobre el financiamiento y la seguridad pública, advirtiendo que “el proyecto omite un tema central: el origen de los fondos. El Grupo de Acción Financiera Internacional advierte sobre la alta vulnerabilidad de las apuestas en línea al lavado de dinero del narcotráfico, tráfico de armas y ciberfraudes, dada por el anonimato, la operatividad transfronteriza y las billeteras electrónicas. Asimismo, Carlos Williamson, rector de la Universidad San Sebastián, advierte sobre el crédito predatorio e informal en este ecosistema, que utiliza información personal del deudor para cobros coercitivos que van desde la presión psicológica hasta la violencia física”.
Finalmente, Carter acusó una contradicción regulatoria respecto a las prioridades del Ejecutivo, y concluyó que “resulta contradictorio legalizar esta puerta de entrada para dichas bandas, cuando recientemente se aprobó en la ley de mercado de capitales un articulado orientado a alejar a las personas del crédito informal. El Gobierno no puede dejar sus convicciones en seguridad y guerra contra el crimen organizado ni sacrificar lo que es bueno para el país solo por afán recaudatorio. Porque bajo esa lógica, cabe cuestionar si a futuro también se legislará para regular la venta de cocaína, que al igual que las casas de apuestas online están prohibidas en Chile y la ley es clara en eso. Espero que en el trámite legislativo se debata a fondo este tema y se avance hacia la prohibición de las casas de apuestas, a fin de proteger la salud de los adolescentes y combatir a las bandas criminales”.
