Asimismo, el estudio de Acción Educar revela que 272.508 estudiantes que recibieron el beneficio desertaron sin titularse, con un costo fiscal cercano a 1,6 billones de pesos.
En medio de la discusión por la propuesta de Presupuesto 2027, Acción Educar publicó un estudio en el que analiza la evolución de la política de gratuidad en educación superior entre 2016 y 2025. Entre sus principales hallazgos, el informe concluye que este mecanismo de financiamiento ha generado un déficit acumulado de 1,855 billones de pesos (US$ 1.927 millones) en las instituciones adscritas, producto de la diferencia entre los aranceles regulados por el Estado y los aranceles reales que cobran las casas de estudio.
“El déficit se explica principalmente porque el arancel regulado es insuficiente y no existe posibilidad de cobro en los primeros seis deciles, además de que lo restringe para los deciles 7, 8 y 9. El Estado fija el arancel regulado según costos históricos, que no reflejan lo que efectivamente cuesta hoy impartir una carrera ni invertir en su calidad”, explicó Javiera Pavisic, investigadora de Acción Educar y autora del estudio.
Agregando que “en promedio, la brecha con el arancel real alcanzó 29,7% en 2025 y llega a 55,2% en las universidades privadas no pertenecientes al CRUCH. En este sentido, casi un 70% del déficit total ha sido absorbido por universidades privadas, mientras que las instituciones del CRUCH cuentan con aportes basales adicionales, como el Aporte Fiscal Directo y el Fondo Basal por Desempeño, que no están disponibles para el resto del sistema”.
El análisis también grafica el aumento sostenido de alumnos que han sido beneficiarios de esta política. En 2016, cuando comenzó, cubría al 11,6% de los estudiantes de pregrado, mientras que en 2025 alcanzó al 46,2% de la matrícula, llegando a 613.227 personas. En la misma línea, el número de instituciones adscritas pasó de 30 a 68. Esto significó que el gasto fiscal asociado se cuadruplicara en términos reales y llegara a $2.225 miles de millones el año pasado.
Otro de los problemas que identifica la investigación está relacionado con la retención de alumnos: 272.508 estudiantes que recibieron gratuidad durante al menos un año -entre 2016 y 2023- terminaron desertando del sistema, lo que representa un gasto fiscal de aproximadamente $1,6 billones de pesos en trayectorias que no concluyeron en un título. En paralelo, durante estos diez años el número total de titulados de pregrado no ha crecido al ritmo de la cobertura de la política.
“El problema de la gratuidad es de diseño y de tamaño. De diseño porque es en esencia una fijación de precios: el Estado define de manera discrecional cuánto vale cada carrera, en base a costos históricos considerados ‘necesarios y razonables’ sin reconocer lo que cuesta invertir en calidad e innovación, y estandariza ese valor entre instituciones con proyectos educativos distintos. Al mismo tiempo, prohíbe el copago de los beneficiarios y lo limita, lo que deja a las instituciones cada vez más dependientes del Estado y con menos autonomía para crecer y mejorar. Y de tamaño, porque absorbe casi tres de cada cuatro pesos del presupuesto de educación superior, de modo que cualquier ajuste termina recayendo en todo lo demás. A casi diez años de su implementación, es imperativo corregirla”, señaló Francisca Espinoza, directora de Estudios de Acción Educar.
Respecto de los resultados en retención y titulación, agregó que “financiar el acceso sin incentivos para completar los estudios tiene un costo fiscal considerable que hoy no se está evaluando. Más de 272 mil estudiantes beneficiados desertaron sin titularse, y eso representa recursos públicos que no se tradujeron en el objetivo que la política busca cumplir”.
Finalmente, Pavisic plantea seis propuestas de política pública, las cuales consisten en “restituir los recursos en casos de deserción sin causa justificada, liberar el límite de cobro por sobreduración de las carreras, revisar la metodología de determinación de los aranceles regulados, eliminar el mecanismo de expansión automática que ampliaría la gratuidad más allá del sexto decil, liberar el copago que hoy enfrentan los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9 y hacer efectivo el uso del Registro Social de Hogares en el otorgamiento del beneficio según estipula la ley desde 2020”.
