Los parlamentarios Roberto Arroyo, Tamara Ramírez y Flor Contreras advirtieron sobre los riesgos del uso de drones para ingresar drogas, celulares y otros elementos prohibidos a las cárceles. Arroyo ofició a Gendarmería, al Ministerio de Seguridad Pública y a la DGAC, además de anunciar un proyecto de ley para sancionar los sobrevuelos no autorizados en recintos penitenciarios.
Los diputados del Partido de la Gente (PDG) Roberto Arroyo, Tamara Ramírez y Flor Contreras alertaron sobre el aumento del uso de drones en establecimientos penitenciarios y solicitaron fortalecer los controles frente a nuevas modalidades del crimen organizado. Según antecedentes de Gendarmería, entre 2022 y el 28 de octubre de 2026 se registraron 131 procedimientos asociados a sobrevuelos no autorizados, pasando de 23 casos en 2022 a 40 en 2025, un incremento del 74%. Durante este año se contabilizaron otros 18 procedimientos y, en el período analizado, 12 acciones vinculadas al lanzamiento de objetos prohibidos. Uno de los casos más recientes ocurrió el 20 de octubre en Antofagasta, donde funcionarios derribaron un dron que transportaba droga y dos teléfonos celulares.
Frente a estos antecedentes, Roberto Arroyo, representante del Distrito 20 del Biobío, ofició a Gendarmería, al Ministerio de Seguridad Pública y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), solicitando información sobre fiscalizaciones, cobertura de equipos antidrones y medidas de prevención. Además, anunció una iniciativa legislativa para sancionar los vuelos no autorizados sobre las cárceles. “No podemos permitir que las organizaciones criminales encuentren en los drones una nueva puerta de entrada a nuestras cárceles. Estamos hablando de tecnología que puede utilizarse para ingresar drogas, celulares y eventualmente armas, poniendo en riesgo a los funcionarios, a los internos y a toda la ciudadanía”, sostuvo. En esa línea, agregó que “por eso hemos oficiado a tres organismos, porque necesitamos saber qué recintos están protegidos, cuántos drones han sido interceptados y qué está haciendo el Estado para enfrentar esta amenaza. No basta con reaccionar cuando un aparato ya está sobrevolando una cárcel, tenemos que anticiparnos y cerrar los vacíos legales que hoy dificultan su persecución”.
Por su parte, Tamara Ramírez advirtió sobre la aparición de drones artesanales y aparatos guiados mediante fibra óptica, capaces de eludir determinados sistemas de inhibición. “Es gravísimo que el crimen organizado esté incorporando tecnología cada vez más sofisticada mientras todavía no sabemos si nuestras cárceles cuentan con los equipos necesarios para enfrentarla. No podemos seguir esperando a que ocurra una tragedia para recién tomar medidas”, señaló. Asimismo, comentó que “aquí necesitamos fiscalización real, inteligencia y una estrategia nacional que permita detectar estos aparatos, identificar a quienes los operan y perseguir a las organizaciones que están detrás. La seguridad penitenciaria no puede depender de la suerte ni de que un funcionario alcance a detectar un dron antes de que ingrese droga o elementos peligrosos”.
En tanto, Flor Contreras, representante de La Araucanía, llamó a fortalecer la seguridad penitenciaria en regiones y mejorar la coordinación entre Gendarmería, las policías y el Ministerio Público. “El crimen organizado no respeta límites comunales ni regionales, y lo que hoy está ocurriendo en nuestras cárceles debe preocuparnos a todos. Si las bandas criminales pueden utilizar drones para ingresar celulares y drogas, estamos permitiendo que sigan fortaleciendo sus redes incluso desde el interior de los recintos penitenciarios”, afirmó. La parlamentaria añadió que “necesitamos que la seguridad llegue también a las cárceles de regiones, con tecnología, recursos y personal capacitado. No podemos tener establecimientos de primera y segunda categoría en materia de protección. El Estado tiene que recuperar el control y garantizar que estas organizaciones no sigan encontrando nuevas formas de operar”.
La iniciativa anunciada por Arroyo busca abordar un vacío de la Ley 21.834, publicada el 20 de agosto de 2026, que sanciona el ingreso de objetos a recintos penitenciarios mediante lanzamientos desde el exterior, pero no tipifica específicamente el mero sobrevuelo no autorizado sin lanzamiento acreditado. En sus oficios, el parlamentario también requirió antecedentes sobre los recursos destinados a equipos antidrones durante 2025 y 2026, el financiamiento proyectado para 2027 y la posibilidad de establecer zonas aéreas restringidas. Las gestiones se producen además tras la desarticulación, el pasado 28 de septiembre, de una célula vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal brasileña. Con estas medidas, los parlamentarios buscan fortalecer la prevención, cerrar espacios al crimen organizado y evitar que las cárceles sigan siendo vulnerables al uso de nuevas tecnologías.
