El organismo llegó hasta las dependencias de la cartera para recabar antecedentes sobre los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de la dictadura. El ministro justificó la demora en la entrega de los documentos por la presencia de datos sensibles, mientras desde La Moneda volvieron a respaldar su continuidad.
Un nuevo flanco se abrió para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que la Contraloría General de la República iniciara una fiscalización en dependencias de la cartera para recabar antecedentes sobre los decretos de rebaja de condenas otorgados a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Según informó T13, el organismo fiscalizador se encuentra constituido desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia, revisando eventuales irregularidades administrativas en la entrega de estos beneficios. Además, solicitó informes a la cartera por la demora en responder requerimientos de información formulados por parlamentarios y relacionados con solicitudes de la Defensoría de la Niñez.
Se informó que funcionarios de Contraloría llegaron presencialmente este miércoles hasta el ministerio para recabar antecedentes relativos a los decretos. La diligencia responde a múltiples requerimientos que ha recibido el ente fiscalizador para pronunciarse sobre los criterios aplicados en la emisión de estos beneficios.
De acuerdo con el medio, Rabat le restó dramatismo a la presencia de las y los funcionarios y sostuvo que Contraloría habitualmente realiza fiscalizaciones y solicita antecedentes a los distintos organismos del Estado.
Por su parte, El Mostrador detalló que la controversia involucra 56 decretos de reducción de penas por delitos sexuales contra menores durante la actual administración: 27 por abuso sexual y 29 por violación. A estos antecedentes se suman los cuestionamientos por beneficios concedidos a condenados por crímenes de la dictadura.
El mismo medio consignó que a la fiscalización se incorporará una nueva presentación ingresada por parlamentarios de oposición, mientras Contraloría también requirió un informe al Ministerio de Justicia por una eventual falta de respuesta a solicitudes de la Defensoría de la Niñez.
Rabat justifica demora en entrega de decretos
En medio de los cuestionamientos, el ministro Fernando Rabat defendió la demora en la entrega de los antecedentes y argumentó que los documentos contienen información personal que debe ser protegida.
“Estamos frente a información que tiene datos sensibles, que hay que tratarlas con cuidado, y por lo tanto estamos efectuando todo aquello para poder entregar esa información sin afectar esos datos sensibles”, explicó.
Según recogió T13, el secretario de Estado sostuvo que enfrenta decenas de requerimientos de información, algunos de los cuales solicitan antecedentes desde 2003. “O sea, estamos hablando de mucha información y la vamos a entregar”, afirmó.
Sin embargo, el titular de Justicia no comprometió una fecha específica para entregar los decretos y reiteró que el proceso debe realizarse resguardando los datos personales protegidos por ley.
En declaraciones recogidas por El Mostrador, Rabat también reconoció que existen problemas normativos que deben abordarse. “Aquí hay vacíos importantes en la legislación relacionada con la ley 19.856 que hay que solucionarlo”, señaló.
Consultado sobre la posibilidad de abandonar el cargo, el ministro evitó pronunciarse directamente y afirmó que se trata de decisiones políticas que no le corresponde abordar desde su función.
“Son respuestas de orden político que a mí como Ministro de Justicia y Derechos Humanos no me corresponden”, sostuvo.
Vocero de Gobierno vuelve a respaldar a Rabat y acusa a la oposición de montar un “circo político”
Mientras crecen las presiones sobre el titular de Justicia, desde La Moneda volvieron a respaldar su continuidad. El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió la posición del Ejecutivo y cuestionó las críticas de la oposición por la demora en la entrega de los decretos.
En declaraciones a T13, Arenas acusó a los parlamentarios opositores de intentar obtener beneficios políticos a partir de la controversia y sostuvo que las exigencias de información estarían relacionadas con la preparación de una acusación constitucional contra Rabat.
“Lo que tenemos aquí es una oposición que está tratando de montar un verdadero circo político”, afirmó el vocero, quien también calificó la ofensiva opositora como una “teleserie política”.
En paralelo, T13 informó que Arenas descartó que exista una decisión del Ejecutivo de realizar un cambio de gabinete que implique la salida del ministro. “Nadie está pensando en un cambio de gabinete”, aseguró, agregando que la decisión corresponde exclusivamente al Presidente José Antonio Kast.
El subsecretario también fue enfático en señalar que, mientras se mantenga el actual equipo ministerial, este cuenta con el respaldo del Mandatario.
De esta manera, mientras Contraloría avanza en la fiscalización y solicita explicaciones al Ministerio de Justicia, Rabat enfrenta nuevos cuestionamientos por la entrega de los decretos, aunque mantiene, por ahora, el respaldo público del Gobierno.
