Cuando sube la bencina, las familias buscan maneras de administrar mejor sus gastos. Reducir desplazamientos o evaluar un vehículo que consuma menos no está siempre al alcance de todos, pero contar con motores más eficientes y rendidores sí puede hacer una diferencia. Por eso preocupa que, en medio de nuevas alzas en los combustibles, algunos gremios automotrices estén solicitando postergar las exigencias que buscan mejorar el rendimiento de los vehículos nuevos en Chile.
La norma de eficiencia energética fue publicada en 2022 y estableció un calendario gradual para que los importadores incorporaran modelos más eficientes a su oferta. La meta de 2027 —un rendimiento promedio de 22,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente, frente a los 18,8 exigidos en la etapa actual— se conoce desde entonces. Ha existido, por tanto, un período de preparación para que las marcas ajusten su oferta.
Los antecedentes muestran que avanzar es posible. Durante el primer semestre de este año, 11 de los 23 importadores ya superaban el rendimiento que comenzará a exigirse en 2027. A eso se suma que los análisis técnicos del Ministerio de Energía no respaldan la necesidad de modificar el estándar. Es razonable que la industria plantee sus dificultades y que estas sean evaluadas, pero cambiar el calendario también debe considerar a quienes ya se adaptaron y, sobre todo, a los consumidores que se beneficiarían de vehículos más eficientes.
El impacto en el bolsillo es concreto. Para una familia que recorre 17.500 kilómetros al año, pasar de un automóvil que rinde 18,8 km/l —el límite promedio de la etapa actual— a uno que alcanza los 22,8 km/l exigidos en la Fase 2 permitiría ahorrar más de $250.000 anuales en bencina, según los precios considerados en el análisis. Si la comparación se hace con un vehículo que rinde 12 kilómetros por litro, el ahorro supera el millón de pesos al año. A esto se suma que un menor consumo de combustible también reduce las emisiones contaminantes.
Postergar la norma significa retrasar esos beneficios. Además, cada año de demora permitirá que sigan ingresando al mercado miles de vehículos menos eficientes, que consumirán más combustible durante sus 15 o 20 años de vida útil. No se trata solo de aplazar una meta regulatoria: es prolongar por años un gasto que podrían evitar las familias, precisamente cuando el precio de la bencina está presionando sus presupuestos.
Chile necesita reglas estables que impulsen al mercado a mejorar y entreguen certezas a quienes deben adaptarse. La norma también contribuye a acelerar la electrificación: los diez modelos eléctricos más vendidos han reducido sus precios en 34% desde que rige el estándar y, con los valores de septiembre, $10.000 en electricidad permiten recorrer 3,7 veces más distancia que el mismo monto en bencina. Son señales de que avanzar hacia vehículos más eficientes puede traducirse en beneficios económicos concretos para las personas.
Por eso, aplazar la Fase 2 sería una mala decisión. En vez de debilitar una política que ya está dando señales de avance, Chile debe sostener el rumbo y exigir que el mercado siga mejorando. Las familias no pueden quedarse esperando otros años para acceder a vehículos que gasten menos, mientras continúan pagando las consecuencias de un parque automotor menos eficiente. Cumplir la meta de 2027 no es poner una carga injustificada sobre la industria: es evitar que el costo de postergarla termine, una vez más, en el bolsillo de los consumidores.
