El Congreso de Paraguay resolvió seguir el juicio político a Santiago Peña tras no lograrse los votos para su renuncia, en medio del escándalo financiero por la caída de ueno bank.
El Congreso Nacional de Paraguay resolvió este jueves 5 de noviembre continuar con el proceso de juicio político para la destitución del presidente Santiago Peña, tras el fracaso de la sesión bicameral convocada para tratar su renuncia, en medio de la crisis política, social y financiera que vive el país sudamericano tras la caída de Ueno Bank.
La jornada parlamentaria estuvo marcada por el abandono de la bancada oficialista al ver que no se contaban con los votos para aprobar la dimisión de Peña, quien este jueves dijo que se apartaba del cargo «pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas».
La intención de las bancadas opositoras es evitar que una renuncia de Peña le otorgue inmunidad, pues asumiría como senador vitalicio en su calidad de expresidente. Por ello buscan su destitución, para que, sin fueros, pueda ser procesado por la justicia del país.
En este escenario, la Cámara de Diputados aprobó por la noche de este jueves y de manera unánime la acusación por mal desempeño de funciones de Peña, y poco después se formalizó la activación del juzgamiento constitucional en el Senado con la recepción del libelo acusatorio formulado por los ocho diputados designados como fiscales acusadores.
Tras tomar juramento a los 45 senadores como integrantes del tribunal, el pleno declaró un cuarto intermedio hasta este viernes 6 de noviembre a las 10:00 a.m., fecha en la que el mandatario deberá ejercer su defensa personal o mediante representación legal antes de proceder a la evaluación de pruebas y la votación nominal de destitución.
Ante las versiones vertidas durante la tarde sobre la supuesta huida del jefe de Estado al extranjero, el Poder Ejecutivo salió a desmentir las especulaciones.
«Él está en el país, voy a reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a Argentina, que viajó no sé dónde, que tomó un avión. El presidente de la República está en el país y va cumplir con su deber constitucional de defenderse», afirmó Guillermo Grance, vocero de la Presidencia.
La crisis en Paraguay se desató el último lunes 2 de noviembre, fecha en que el Banco Central del Paraguay (BCP) emitió la resolución de intervención y cierre de Ueno bank S.A. al detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo legal.
Este cierre intempestivo congeló los ahorros cotidianos de casi tres millones de clientes tras la inhabilitación inmediata de sus aplicaciones móviles, cajeros automáticos y sucursales físicas.
Esta parálisis financiera impidió a miles de usuarios realizar compras de alimentos y medicamentos, cobrar salarios y abonar servicios básicos, al tiempo que saturó las plataformas de pago digital
Las inspecciones del BCP revelaron una red de créditos y sobregiros irregulares otorgados a empresas vinculadas sin garantías suficientes, cuyos fondos eran desviados hacia firmas matrices como itti Saeca y Vinanzas S.A. para simular pagos, lo que generó un desajuste contable superior a 1,6 billones de guaraníes (Unos 273,600 millones de dólares).
Durante la exposición de acusaciones en el Parlamento, se documentó que Peña mantuvo participaciones accionarias por 6144 millones de guaraníes (cerca de un millón de dólares) en Ueno Holding hasta abril de 2025, además de de otros fondos ligados al mismo conglomerado empresarial.
«El conflicto de interés para la toma de decisiones, Peña como accionista, no es una opinión, está documentado […] Las acciones de Ueno holding cuando se hicieron públicas, recién ahí el presidente tomó la decisión de venderlas o deshacerse de ellas», refirió el diputado acusador Raúl Benítez.
Los parlamentarios expusieron además la captura desproporcionada de recursos estatales por parte del banco privado intervenido.
«El dinero de los trabajadores, que es el tema más importante y central. Cuando empezó en el 2023, según la Contraloría, el banco Ueno tenía el 1% de los fondos del IPS, en el 2024 subió al 8,4% y 19,7% en el 2025. De G. 80.000 millones en noviembre en 2023 en IPS pasó a G. 2,2 billones en el 2025. Ese era el árbitro que debía cuidar el dinero de todos los paraguayos pero no cuidó absolutamente nada», denunció el diputado Pedro José Gómez.
Asimismo, la acusación legislativa destapó la coincidencia de domicilios y directivos entre las firmas que recibieron financiación millonaria.
En el ámbito penal, la Fiscalía General del Estado emitió una resolución para investigar a 39 autoridades y exautoridades, incluyendo al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos.
IMPACTOS
La crisis del Ueno Bank también afecta a la estructura financiera del Estado tras conocerse la colocación de recursos jubilatorios en la entidad en quiebra.
Según reportaron los diarios ABC Color y Última Hora, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) promovió una denuncia penal al confirmar el riesgo sobre G. 250.000 millones (USD 41,6 millones) depositados en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de la Caja Fiscal, sumados a G. 123.838 millones en intereses comprometidos hasta 2030, que estaban destinados para los ciudadanos paraguayos pensionados.
En el ámbito penal, la Fiscalía General del Estado emitió una resolución para investigar a 39 autoridades y exautoridades, incluyendo al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos.
Paralelamente, el juez Rodrigo Estigarribia ordenó la prisión preventiva de seis directivos bancarios -encabezados por el titular del Grupo Vázquez, Federico Miguel Vázquez, y el presidente de Ueno bank, Juan Manuel Gustale-, dictó arresto domiciliario para dos ejecutivas e inmovilizó las cuentas bancarias de los 27 imputados en la causa.
En un operativo reportado por varios medios paraguayos, agentes fiscales y policiales incautaron siete vehículos de lujo desde la mansión del vicepresidente del banco, Miguel Vázquez, al tiempo que allanaron las sedes corporativas de ITTI S.A.E.C.A. y del Grupo Vázquez.
El colapso de Ueno bank ha generado protestas de usuarios afectados y diversos sectores de la sociedad paraguaya en varias ciudades del país.
En las inmediaciones del Congreso Nacional, efectivos policiales reprimieron con gases lacrimógenos a cientos de ahorristas movilizados que exigían la devolución de sus fondos congelados, dejando como saldo personas heridas de ambos lados.
En forma simultánea, según informó El Nacional, exfuncionarios de Ueno bank y de empresas del Grupo Vázquez se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo quemando camiseta y tarjetas corporativas ante el bloqueo de sus salarios y liquidaciones, en un conflicto laboral que afecta a más de 4600 trabajadores de la empresa declarada en insolvencia.
