Los diputados Juan Santana (PS), Consuelo Veloso (FA), César Valenzuela (PS) y Marcos Barraza (PC) oficiaron al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para solicitar información sobre la situación migratoria de personas extranjeras condenadas por delitos de drogas que durante 2026 obtuvieron reducciones de sus condenas mediante decretos del Ministerio de Justicia.
La solicitud surge luego de la investigación publicada por Interferencia, que revisó 150 decretos de reducción de penas y estableció que al menos 115 beneficiaron a personas condenadas por delitos relacionados con la Ley de Drogas. Los parlamentarios buscan determinar cuántas de estas personas tenían órdenes de expulsión vigentes al momento de recuperar anticipadamente su libertad, cuántas fueron efectivamente expulsadas y cuántas permanecen actualmente en Chile.
El diputado Juan Santana (PS), sostuvo «queremos saber, a través de este oficio, y la pregunta hacia el gobierno es muy sencilla, si es que realizaron los actos administrativos necesarios para concretar estas expulsiones por parte del Ministerio del Interior a través del Servicio Nacional de Migraciones. Estamos hablando de un gobierno que llegó al poder, llegó a este periodo anunciando medidas en materia de seguridad y lo único que hemos conocido durante estos siete meses es que esas cifras no solamente no han cambiado, sino que además se presentaron decretos que redujeron la condena de personas involucradas en abusos sexuales contra menores de edad. Estamos hablando de autores de crímenes de lesa humanidad que están en la cárcel de Punta Peuco y estamos hablando ahora que hemos conocido también de personas que fueron condenadas por tráfico de drogas».
Por su parte, el diputado Marcos Barraza (PC), dijo «el gobierno una vez más le miente a las chilenas y a los chilenos, y les miente descaradamente. Este se suponía que iba a ser el gobierno de la seguridad pública, el gobierno que que combatía el narcotráfico, que combatía el crimen organizado, que combatía la migración irregular cuando genera delincuencia. Pero nos Estamos enterando que 115 delincuentes que ingresaron decenas y toneladas de cocaína, de drogas a nuestro país, que contaminan a nuestros niños y nuestras niñas, han sido rebajados en condena. Eso es inexplicable. Este no es el gobierno de la severidad y del combate a la delincuencia. Es un gobierno que trata con amor a los delincuentes y es necesario transparentar la información.
Se tiene que conocer cuál fue el tratamiento que le dio el gobierno a la situación migratoria de estos narcotraficantes. ¿Los expulsó del país? ¿Están deambulando por las calles de Chile? ¿Siguen cometiendo delitos? Esa información es crucial para establecer responsabilidades políticas y para que no vuelvan a ocurrir espantos de estas características».
El diputado César Valenzuela (PS), señaló «nunca tuvimos dudas que este gobierno iba a ser el gobierno que iba a defender a los súper ricos, pero nos sorprende que además se haya transformado en el gobierno que defiende a los narcos, a los traficantes de armas, a los violadores y a los abusadores sexuales de niños. Es importante señalar que este gobierno hizo gárgaras durante mucho tiempo en campaña con el tema de la delincuencia, con el tema de la migración irregular y el resultado es que el gobierno hoy día está rebajando la condena a los migrantes irregulares que además cometieron delitos graves como el tráfico de drogas, municiones del estilo, estamos hablando de granadas. Esos son el tipo de delincuentes que está rebajando la condena este gobierno. Entonces uno se pregunta ¿Con qué cara el gobierno hoy va hablar de delincuencia? Con qué cara el gobierno va a solicitar más recursos para seguridad, si cuando el Estado hace el esfuerzo necesario para tener a esta gente presa, lo que hace el gobierno justamente lo contrario, es rebajarle la condena y permitirles que estén en la calle».
Finalmente, la diputada Consuelo Veloso enfatizó «tenemos que sumar algo que poco se ha hablado y es el hecho de que el asesino de un cabo hace algunas semanas también tenía el informe de Gendarmería donde se sugería que se decretara una orden de expulsión porque tenía altas posibilidades de reincidir, que es exactamente lo mismo que ha ocurrido con estas personas a las que se le ha rebajado la condena. ¿Cuántos crímenes se pueden evitar cuando desde el Estado se toman decisiones adecuadas y se protege realmente a la población como una decisión y no solamente como un discurso? El presidente José Antonio Kast debe responder cuál es el estado de estas personas si es que van a hacer su trabajo realmente y a decretar estas órdenes de expulsión para evitar seguir manteniendo en riesgo permanente a la población que ya no solo teme no tener pan para poner sobre su mesa, sino que además no poder salir a la calle. Y las víctimas, sobre todo de agresiones sexuales de volver a encontrarse con sus agresores».
Entre los casos individualizados se encuentran personas condenadas por el ingreso y traslado de importantes cantidades de droga, incluyendo un ciudadano colombiano detenido con 52 kilos de pasta base, un ciudadano boliviano vinculado al traslado de más de una tonelada de droga y un ciudadano venezolano detenido con 32,7 kilos de ketamina. También se solicita información sobre tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación en La Serena, quienes, según la investigación, habrían obtenido rebajas de condena y posteriormente recuperado su libertad.
